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Tamaulipas va por impuestos a CFE y empresas contaminantes

Tamaulipas va por impuestos a CFE y empresas contaminantes
El gobernador de Tamaulipas considera contará con el aval del Congreso local

Publicación:15-06-2020
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Francisco Javier García Cabeza de Vaca plantea que, dado que la contaminación impacta a la salud, se requieren recursos para atenderla

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, anunció que en su entidad promoverá impuestos a las empresas que, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), utilicen combustóleo para la generación de energía.

"Ya presentamos una iniciativa al Congreso del estado donde estaremos generando un impuesto aquellas empresas que estén utilizando combustóleo para la generación de energías de tal suerte que se permita también darles prioridad a las energías limpias y alternativas", dijo.

En conferencia de prensa virtual, junto con otros mandatarios estatales agrupados en la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) que se reunieron en Dolores Hidalgo, Guanajuato, García Cabeza de Vaca planteó que, dado que la contaminación impacta a la salud, se requieren recursos para atenderla.

"A nivel mundial todo indica que aquellas empresas que contaminan tienen que pagar es por eso que hay estados en el caso de Tamaulipas, que estaremos presentando un impuesto para aquellas empresas que estén contaminando CO2 especialmente la generación de energías.

"Si nos están limitando la generación de energías limpias y renovables por supuesto que también hay opciones porque estas están usando combustóleo como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está contaminando y está generando problemas de salud pública, es ahí donde los estados tendremos la opción, más no ya la paciencia, porque es un tema que hoy en día exigen y demandan las nuevas generaciones a gritos, que dejemos de contaminar".

Recordó que el gobierno federal cambió las reglas en materia de generación de energía eléctrica para privilegiar el uso de combustóleo y no de fuentes limpias, por lo que se perdieron miles de millones de dólares en inversiones que existentes y procesos de construcción.

Por ello no sólo las empresas afectadas han tomado medidas legales sino como estado se analiza la posibilidad de poder presentar controversias constitucionales.



« El Universal »