Solicita INE al TEPJF invalidar las suspensiones de jueces

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que declare la invalidez de las suspensiones emitidas por varios jueces para frenar el proceso de elección de juzgadores. El INE interpuso un recurso para que se determine la incompetencia de los juzgados que otorgaron suspensiones para que no siga el proceso electoral derivado de la reforma judicial.

El expediente contra diversos jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, identificado como SUP-AG-209/2024, fue turnado al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien debe presentar un proyecto de resolución en los próximos días.

Este recurso ante el TEPJF se presenta luego de que políticos de Morena, como el coordinador de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández, piden al INE ignorar las resoluciones judiciales que le ordenan detener la organización del proceso elección de jueces, magistrados y ministros que manda la reforma judicial.

Sin embargo, cabe mencionar que con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se enfrentará a una renovación no sólo por los 17 cargos que están en juego en las salas regionales y Sala Superior, sino a la desaparición de uno de sus órganos clave, la Sala Especializada, encargada de la resolución de las quejas interpuestas por infracciones durante las precampañas y campañas, así como la intervención de funcionarios y la propia Presidencia de la República en los comicios.

La renovación llega cuando existen cinco vacantes en las salas regionales, así como dos en la Sala Superior por omisiones del Senado que lleva arrastrando desde 2022, por lo que los órganos electorales han tenido que funcionar incompletos, o con secretarios en función de magistraturas.

Sin embargo, en el caso de la Sala Superior se les aprobó una extensión del cargo a los cinco magistrados hasta 2027, que deberían concluir entre 2024 y 2025; es decir, les permite continuar hasta la próxima elección intermedia.

Además, la reforma plantea la desaparición de la Sala Regional Especializada a más tardar el 1 de octubre de 2025, la cual se encarga de resolver denuncias por actos anticipados de precampaña y campaña, imparcialidad de uso de recursos públicos y propaganda, así como violación a normas de radio y televisión.

Por lo que entre las principales modificaciones que plantea la reforma judicial se recorta el periodo de los magistrados electorales de nueve a seis años, aunque el número de integrantes que conforman el pleno se mantiene.

También establece que deberán cumplir con los mismos requisitos que los ministros para acceder al cargo: al menos cinco años de experiencia, residencia en el país los últimos dos años y promedio entre ocho y nueve en el campo académico.

Los magistrados con una prórroga del cargo serán los cinco que forman la Sala Superior: Mónica Soto, Felipe de la Mata y Janine Otálora, que fueron designados hasta 2025; Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón, que saldrían este año. Además, la magistrada Otálora advierte que no aceptará la ampliación del cargo y concluirá en 2025, periodo por el que fue designada por el Senado.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón analiza esa posibilidad, aunque sin haber definido la ruta que tomará. En el caso de las dos vacantes de magistrados que sean electas, habrá una excepción para que puedan durar en el cargo ocho años, y de así toda la Sala Superior sea renovada en 2033.