Soldados llevarían juicio en libertad

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó a la jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, emitir una nueva resolución en torno a la prisión preventiva oficiosa que impuso a ocho militares acusados en el caso Ayotzinapa.
Al modificar la suspensión definitiva en el amparo que los militares tramitaron contra la prisión preventiva oficiosa, los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Javier Sarabia Ascencio determinaron que la juzgadora decidirá si mantiene o modifica la medida cautelar, con base en el debate entre las partes que se llevó a cabo en una audiencia en junio pasado.
Por tanto, este fallo abre la posibilidad de que los elementos Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz lleven su proceso en libertad en caso de que la jueza de control cambie la prisión preventiva.
"Es fundado el agravio y se modifica la interlocutoria recurrida y se concede la suspensión definitiva" para los efectos de que se dicte una nueva resolución, resolvió el tribunal colegiado.
En la audiencia de junio se revisó la medida cautelar, pues la defensa de los militares acusados del delito de desaparición forzada, encabezada por los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González, solicitó que no se decretara la prisión preventiva en forma automática, sino que debía discutirse.
Sin embargo, la jueza de control Raquel Ivette Duarte Cedillo dijo que no porque se trataba del anterior sistema y se tenía que decretar la prisión preventiva oficiosa, que los efectivos castrenses cumplen en la prisión del Campo Militar 1-A. Ante ello, los defensores de los militares interpusieron un recurso de revocación.
Los abogados César González y Alejandro Robledo calificaron de impertinentes los argumentos de la Fiscalía General de la República, por no haber justificado la imposición de prisión preventiva contra los militares procesados desde hace unos meses.
Recordaron que en contra de esta medida cautelar se solicitó el amparo de la justicia federal, dando inicio al juicio de amparo 690/2023, radicado en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y concedieron la suspensión definitiva en contra de la medida.