Sedena y GN lideran quejas ante la CNDH

 Con 577 y 428 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentran en el top ten de las instituciones con más quejas por violaciones a los derechos humanos entre enero y diciembre del año pasado, de acuerdo con datos del organismo.

En Tamaulipas, donde presuntamente elementos de la Sedena asesinaron a cinco jóvenes e hirieron a uno más el pasado domingo 26 de febrero, la secretaría acumuló 33 quejas, mientras que en esa misma entidad la Guardia Nacional suma 15.

Según la comisión nacional que encabeza Rosario Piedra Ibarra, el año pasado la Guardia Nacional se vio involucrada en tres asesinatos, tres desapariciones forzosas, 16 casos de tortura, 29 de trato cruel, así como en 43 detenciones arbitrarias.

En tanto, la Sedena fue objeto de una queja por privación de la vida; cuatro, por detención arbitraria; nueve, por tortura; 19, por trato degradante y 34, por detención arbitraria, una de éstas cometida en Tamaulipas.

En 2022, la CNDH recibió un total de 12 mil 582 quejas. Encabezó la lista el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 3 mil 789 quejas, seguido por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con 2 mil 679; Instituto Nacional de Migración, 2 mil 141; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mil 258; Secretaría de Bienestar, 994; Guardia Nacional, 577; Comisión Federal de Electricidad, 526; Secretaría de la Defensa Nacional, 428; Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, 369 y Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 347.

Luis de la Barreda Solórzano, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, señala que, lamentablemente, elementos tanto de la Sedena como de la Guardia Nacional han incurrido en numerosas violaciones a los derechos humanos, aunque afirma que no toda queja que llega a la CNDH es verídica porque en ocasiones un delincuente puede asegurar, por ejemplo, que fue víctima de tortura para tratar de evadir la acción de la justicia.

"Pero hemos visto numerosos casos en los que, en efecto, integrantes de estas dos corporaciones han cometido abusos, algunos graves, como tortura y desaparición forzada. Entonces, el discurso del presidente [Andrés Manuel López Obrador] en torno a que ya no se cometen violaciones a los derechos humanos no se sostiene al contrastarlo con los hechos", expone.

Señala que quienes realizan funciones de seguridad pública deben recibir una capacitación muy rigurosa sobre cómo utilizar las armas de fuego y cuándo pueden utilizarlas sin que el resultado sea la muerte.

"No es aceptable que se prive de la vida a una persona sin siquiera saber si es un delincuente, aunque fuera el peor de ellos. No se le puede privar de la vida si no es porque este delincuente está utilizando sus armas y los elementos de seguridad, trátese del Ejército o de la Guardia Nacional, repelen al ataque para defender su vida", explica.

De la Barreda Solórzano argumenta además que la militarización que enfrenta el país supone, por una parte, la prolongación de esta clase de abusos y por otra, que actividades que deben ser desarrolladas por autoridades civiles, las estén realizando las Fuerzas Armadas sin ninguna justificación.

Indica que cuando las Fuerzas Armadas empezaron a realizar funciones de seguridad pública, en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, la justificación fue que no estaban suficientemente preparados para enfrentar a la delincuencia, por lo que se recurrió a ellas, aunque se dijo que sería temporalmente.

"Pero las corporaciones policiacas no han sido capacitadas, no se les ha dotado de todos los recursos materiales y tecnológicos que se requieren para enfrentar al crimen organizado.

"Es vital que reciban capacitación continua, no basta que a los policías les impartan un curso, por ejemplo, de dos meses, sino que les impartan una carrera policiaca, en la que se les instruya en derechos humanos, en el uso legítimo de la fuerza, en Derecho Constitucional y en procedimientos penales", sostiene.

Para Édgar Ortiz Arellano, académico de la UNAM y especialista en temas de seguridad, las muertes de los cinco jóvenes en Tamaulipas tienen que enmarcarse en el contexto "tan complicado" de violencia a causa del crimen organizado.