Se quejan petroleros de EU por trato en México

 Ciudad de México.- Las principales petroleras de Estados Unidos, agrupadas en el American Petroleum Institute (API, por sus siglas en inglés), solicitaron la intervención del secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, para encontrar una solución diplomática a las prácticas discri-minatorias que enfrentan en México.

A través de una llamada telefónica entre Pompeo y el presidente y CEO de la API, Mike Sommers, realizada el 5 de noviembre, los empresarios pidieron al tercer hombre más importante del gabinete "un compromiso diplomático directo sobre estos temas" con el gobierno mexicano, a lo que el funcionario acordó convertirlo en "una prioridad del Departamento de Estado".

El contenido de la llamada, al cual se tuvo acceso , fue compartido con el Subcomité de Estrategia Comercial Internacional y Corporativa de la API; se plantearon varios temas de importancia que afectan a la industria petrolera estadounidense ante las políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de organismos reguladores del sector.

Se abordó el retraso y cancelación de permisos para nuevas estaciones de servicio, para importación de gasolinas y diesel, almacenamiento de petrolíferos, la construcción de infraestructura de gas natural licuado (GNL) y el cierre de gasolinerías por infracciones menores. A finales del mes pasado, un grupo de 43 congresistas dirigió una carta al presidente Donald Trump, en la que le expresan su preocupación por los cambios re-gulatorios en el sector energético mexicano, argumentando que obstruyen las inversiones. En el documento, explicaron que las decisiones que tomó la autoridad mexicana "violan y van en contra del espíritu" del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y les preocupa que se revierta la histórica reforma energética de 2014, que permitió la participación privada en el sector. Las cartas se suman a otras que enviaron cámaras de comercio, embajadores y legisladores contra los cambios aplicados en el sector, como la publicación de una política del gobierno mexicano que frenó las pruebas de plantas de energía renovable.

Denuncian afectaciones

Sommers volvió a plantear las prácticas discriminatorias de México hacia las empresas de energía de Estados Unidos, con la finalidad de favorecer a Pemex, lo que daña las exportaciones de hidrocarburos, actuales y futuras, de ese país hacia el mercado mexicano, tras una primera misiva que circuló el 11 de junio, en la cual la agrupación petrolera había externado su preocupación a Pompeo y a los secretarios de Comercio, Wilbur Ross, y de Energía, Dan Brouillette.

Hizo referencia a prácticas discriminatorias y que involucran tanto a empresas de la API como a otras petroleras extranjeras que operan en México, ante la dificultad para obtener permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para nuevas estaciones de servicio, de cesión de modificaciones o de permisos de expendio al público de petrolíferos.

De acuerdo con fuentes del sector energético, a septiembre de este año, 300 permisos para nuevas estaciones de servicio están a la espera de aprobación y 150 más son solicitudes para cesión de modificaciones. De acuerdo con información proporcionada por grupos gasolineros, en un año y nueve meses de la actual administración, el número de permisos emitidos se ha reducido 71.3%.

La estrategia se basa en fortalecer la presencia de Pemex en la comercialización de petrolíferos, incluidas gasolinas y diesel, toda vez que con la apertura del sector promovida por la reforma energética, de 11 mil 578 estaciones de servicio que conformaban la Franquicia Pemex en 2016, a septiembre de este año hay 7 mil 772, por la mayor penetración de negocios privados nacionales y extranjeros con marcas como ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Repsol, Gulf, Valero, Tesoro, Total o Phillips 66, entre otras.

Citaron que anteriormente cuando un empresario gasolinero dejaba la Franquicia Pemex, sólo se requería una carta de mutuo acuerdo para dar por terminada la relación, con una anticipación de 30 días, sin objeción.

Ahora, Pemex exige el alta de producto y de molécula que autorizó la CRE como medida de presión o para endurecer los requisitos para evitar terminar la relación comercial, explican los grupos consultados.

Verificación excesiva

Otra de las observaciones comentada con Pompeo tiene que ver con el cierre de dispensarios y estaciones por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debido a infracciones leves o inexistentes. Al respecto, el procurador Ricardo Sheffield ha externado que endurecerá las medidas de verificación en gasolinerías para evitar irregularidades, como la entrada en vigor el pasado 8 de octubre de la NOM-005-SCFI-2017 Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, la cual exige la actualización o sustitución de las bombas o despachadoras de combustible en las gasolinerías del país.

La Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) explicó que costará a los empresarios del sector alrededor de 300 millones de dólares realizar el cambio, toda vez que la sustitución de un dispensador tiene un precio de entre 6 mil 400 y 8 mil 500 dólares.

Muchas de las gasolinerías no han cumplido, dado que la pandemia de Covid-19 provocó que los proveedores de estos equipos retrasaran la producción.

Problemas en almacenamiento

Sommers notificó a Pompeo que otra dificultad para las petroleras estadounidenses en México es el requisito "obligado" de contar con stock mínimo de almacenamiento de combustible de cinco días, "ya que Pemex posee y opera la mayor parte de la capacidad de almacenamiento certificada y los permisos para la construcción de nuevo almacenamiento por parte de privados se está viendo obstaculizada por demoras en su otorgamiento", indicó.

También se refirió a la cancelación o retraso de los permisos de importación de gasolinas y diesel que empresas estadounidenses han solicitado. Denunció que "estos rechazos o retrasos provienen de la Secretaría de Energía (Sener", que encabeza Rocío Nahle.

El pasado 3 de octubre, EL UNIVERSAL publicó que la Sener revisará los permisos de importación otorgados desde el 1 de enero de 2016 y cancelará los que no hayan movido petrolíferos en los últimos 22 meses.

Además planea atar nuevos permisos a compromisos por 20 años y no por uno sólo, como se hacía antes, y que los solicitantes demuestren que son dueños de parte de la infraestructura de centros de almacenamiento con base en volumen. Es decir, obliga a los importadores a desembolsar o a asociarse con inversionistas que planean construir sistemas de almacenamiento.

De acuerdo con la Dirección General de Petrolíferos de la Sener, al 31 de marzo de este año, la dependencia entregó 4 mil 45 permisos de importación y exportación. Según fuentes del sector, la decisión está encaminada a devolverle a Pemex la preponderancia en compras externas.