Se levantan en armas 85 comunidades indígenas

Al menos 85 comunidades indígenas mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, se "levantaron en armas" para exigir justicia por el asesinato de 13 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), emboscados el pasado 17 de agosto en el poblado de El Cortijo.

Tras los hechos, contingentes de la UPOEG comenzaron a recorrer diversas poblaciones, con la invitación y respaldo de autoridades locales, para localizar a los responsables de la masacre. 

Donde se realizaron operativos de búsqueda en las comunidades de Lagunillas, El Refugio y Colotepec, donde centraron sus esfuerzos para ubicar a los presuntos integrantes del grupo delincuencial de Los Ardillos.

Voceros de la UPOEG, quienes pidieron mantener el anonimato, informaron que como resultado de estos operativos fueron detenidos dos hombres y una mujer, quienes fueron entregados al Ministerio Público. 

Los masculinos estarían directamente implicados en la masacre, mientras que la mujer desempeñaba el papel de "halcona" en el pueblo y se dedicaba a la venta de drogas.

Señalaron que la exigencia de justicia se mantiene firme tanto en Ayutla como en El Cortijo, y denunciaron la falta de avances por parte del gobierno federal en la investigación sobre el asesinato de los policías ciudadanos. 

El levantamiento armado de estas comunidades reflejó la tensión creciente en la región, donde la violencia de grupos delictivos como Los Ardillos ha generado un clima de inseguridad y miedo entre los habitantes. 

Además de los operativos, la UPOEG ha impulsado la organización comunitaria para proteger a los pobladores. 

Por lo que  las comunidades realizarán asambleas para integrar sus propios policías comunitarios, una medida preventiva frente a la impunidad que azota la zona.

Los ciudadanos de Colotepec también participarán en la organización de cuerpos de seguridad comunitaria, con el objetivo de reforzar la vigilancia local y reducir la presencia de grupos delictivos que operan en la región.

Autoridades locales señalaron que continuarán colaborando con la UPOEG para garantizar que las acciones de seguridad no afecten la vida cotidiana de los pobladores y se realicen dentro del marco legal, buscando equilibrar la justicia comunitaria con la intervención del Estado.

El caso de la masacre de El Cortijo ha puesto nuevamente en evidencia la crisis de seguridad en la Costa Chica de Guerrero y la limitación de la autoridad federal para frenar la violencia de grupos criminales, situación que obliga a las comunidades indígenas a tomar medidas extremas para protegerse y exigir justicia.