Revocan prisión preventiva a Murillo por caso Segalmex

Un juez de Distrito determinó revocar la medida de prisión preventiva justificada en contra de Eduardo Alejandro Murillo Landeros, relacionado con el desvío de recursos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Murillo Landeros fungía como apoderado legal de la empresa Servicios Integrales Carregín, y es señalado como uno de los 22 presuntos responsables del desvío de 145 millones de pesos de una compra simulada de 7 mil 800 kilos de azúcar para Segalmex.

Tras el cambio de la medida cautelar, el juez le impuso a Murillo Landeros la colocación de brazalete electrónico, presentación periódica ante autoridades para supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso.

Además, se le prohibió salir del país y acercarse a los testigos de la fiscalía y coprocesados.

También deberá pagar una garantía económica de 200 mil pesos y someterse a vigilancia que el juez de control determine.

El desfalco

La extitular de la Segob, Luisa María Alcalde, aseguró que el desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) fue el único caso de corrupción en el gobierno de López Obrador.

En su conferencia de prensa del 5 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador aseveró que no habría ´impunidad´ en el caso de Segalmex.

Segalmex se creó en 2019 como un organismo con visión social para rescatar al campo y apoyar directamente a los pequeños productores de granos en las zonas de mayor rezago del país, favorecer la producción de maíz, frijol, arroz, trigo, y asegurar su adquisición a precios de garantía, en beneficio de la población más necesitada. "Inició sus operaciones haciendo uso de las estructuras de recursos de Diconsa y Liconsa, así como de la regulación vigente de ambas instituciones", dijo Roberto Salcedo Aquino, exsecretario de la Función Pública (SFP).

Según la administración de Obrador, desde que se conocieron las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación para las cuentas públicas 2019 y 2020, la SFP ha trabajado estrechamente con la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República.