Registro de Deudores Alimentarios podría ser letra muerta

Organizaciones de activistas que impulsaron la llamada Ley Sabina y el recientemente aprobado Registro Nacional de Deudores Alimentarios alertaron que puede convertirse en letra muerta en su aplicación si lo opera el DIF Nacional y no la Secretaría de Gobernación, así como si se mantiene una gracia de tres meses para los padres que incumplen con la pensión a sus hijos.

Asimismo, expresaron su molestia por el robo de sus ideas en la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Durante el encuentro con senadores, las colectivas feministas de 18 estados acusaron a la diputada local María Gabriela Salido y a la defensora de derechos humanos, Patricia Olamendi, de desconocer su trabajo en las reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Afirmaron que se dejó fuera a las luchadoras sociales que aportaron ideas para impulsar los cambios legales, denunciando que se desconoció su trabajo.

"Recientemente vimos el anuncio del registro nacional de deudores alimentarios, sin considerar lo que hemos propuesto así como una serie de reformas más, que si bien ha sido iniciativa durante dos décadas, adscribirlo al DIF nacional nos parece inviable, porque en otros sexenios, dicha institución se ha declarado incompetente para su elaboración y operación".

Después de una reunión con senadores de Morena con el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, Diana Luz Vázquez y Frida Gómez, cuestionaron también que la ley avalada de un plazo de 90 días a partir del incumplimiento del deudor alimentario para establecer sanciones como el no poder tramitar licencias de conducir, pasaporte, realizar compra venta de inmuebles, salir del país, entre otras, cuando estados como Oaxaca el plazo es 30 días.