Rechazan ONG´s nombramiento de Francisco Garduño en la SEP

Organizaciones que acompañan a víctimas del incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez calificaron como "preocupante" el nombramiento de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En un posicionamiento, las organizaciones, representadas por Fundación para la Justicia recordaron que Garduño continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, derivado de su actuación como titular del Instituto Nacional de Migración (INM) durante el incendio de marzo de 2023, que dejó decenas de personas migrantes muertas.

Señalaron que, mientras el proceso judicial sigue abierto, su incorporación a un cargo federal envía un mensaje de falta de compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas.

Los colectivos expresaron que el nuevo encargo tampoco está respaldado por una trayectoria o experiencia acreditable en el ámbito educativo, lo que, a su juicio, refuerza la percepción de que el nombramiento responde a criterios políticos y no a principios de idoneidad profesional.

Por ello, advirtieron que este tipo de decisiones debilita la confianza ciudadana en las instituciones públicas y en los procesos de responsabilidad administrativa y penal.

Para las víctimas y sus familias, indicaron, la designación representa un agravio adicional, al interpretarse como un reconocimiento inmerecido a un funcionario que aún enfrenta señalamientos legales por hechos graves, ya que el acceso a cargos públicos no puede sustituir la justicia ni cerrar de manera anticipada procesos que siguen en curso.

Finalmente, las organizaciones reiteraron su exigencia al gobierno federal de que las autoridades garanticen el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023, así como el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.

Asimismo, llamaron a que los nombramientos en el servicio público se apeguen a criterios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. En ese contexto, las organizaciones subrayaron que el caso de Ciudad Juárez sigue siendo un referente de la crisis humanitaria que enfrentan las personas migrantes en México, y recordaron que las omisiones y negligencias institucionales tuvieron consecuencias fatales que no pueden quedar impunes.

Añadieron que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la no repetición de estos hechos, lo que implica fortalecer los mecanismos de supervisión, capacitación y rendición de cuentas en las dependencias encargadas de la política migratoria y de derechos humanos.

Asimismo, enfatizaron que la asignación de cargos públicos a funcionarios bajo proceso judicial debe evaluarse con especial cautela, ya que puede afectar la percepción de imparcialidad y el respeto al Estado de derecho, particularmente en casos que involucran violaciones graves a derechos humanos.