Reanudan audiencia contra Ernesto Ruffo

A puerta cerrada por petición de la Fiscalía General de la República (FGR), reinició el martes la audiencia en la que se resolverá si el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y siete detenidos más son vinculados a proceso por huachicol fiscal.

La jueza de Control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, preside la diligencia por videoconferencia que hasta el cierre de esta edición continuaba en desarrollo, reportaron fuentes judiciales.

Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez se conectaron a la audiencia desde el interior del penal de El Altiplano, donde están recluidos luego de que se les dictó prisión preventiva.

En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales lo hicieron desde prisión domiciliaria, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

En esta audiencia, la defensa del exgobernador, encabezada por Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación, y la de los otros implicados en lo que es considerado el caso más grande de contrabando de hidrocarburos realizada por tren, que habría generado un daño por más de 4 mil millones de pesos al erario, debían responder a los 100 datos de prueba que la FGR formuló para acusarlos de los delitos delincuencia organizada y contrabando de combustible.

La FGR aseguró que no hay ningún sesgo de otra índole en la detención de Ernesto Ruffo Appel, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal, la cual está apegada a derecho y a acciones estrictamente jurídicas.

La institución ministerial afirmó que en todo momento se ha respetado el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos del panista y los de las otras siete personas relacionadas con el caso.

Enfatizó que las investigaciones están sólidas, sustentadas en medios de prueba como dictámenes periciales, análisis de información ministerial, fiscal, financiera, aduanera y ferroviaria, así como diversas diligencias que han permitido acreditar la probable participación de las personas imputadas por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La FGR indicó que los trabajos ministeriales, policiales y periciales documentaron que la presunta red criminal obtuvo millonarias ganancias mediante el contrabando de hidrocarburos, la evasión fiscal y el uso de mecanismos financieros para ocultar recursos de origen ilícito.

De acuerdo con la Fiscalía, la red operada específicamente por la empresa Ingemar dependía financieramente de recursos provenientes de Crismon Hidrocarburos y Derivados, S.A. de C.V. Dichos recursos, expuso, eran posteriormente canalizados a empresas extranjeras mediante transferencias internacionales, configurando un esquema de flujo financiero con indicios de triangulación de recursos.