Quedan en el limbo auditorías clave contra Bermúdez en Tabasco

La Secretaría de la Función Pública de Tabasco dejó sin concluir al menos 30 auditorías dirigidas a la Secretaría de Seguridad estatal durante el periodo en que Hernán Bermúdez Requena estuvo al frente.

Estas revisiones abarcan los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino, y aparecen en la Plataforma Nacional de Transparencia como "en seguimiento" o "inconclusas".

Las auditorías tenían como propósito verificar la correcta aplicación de protocolos, normativas internas, procesos de compra, estados financieros y metas en seguridad pública.

Una revisión de El Universal revela que los ejercicios de fiscalización de los años 2019, 2020 y 2021 —bajo la gestión de Adán Augusto— son los que permanecen sin concluir.

En contraste, las auditorías entre 2022 y 2024 también están abiertas, pero clasificadas como "por concluirse", lo que indica un avance lento, pero algo más formalizado.

Un ejemplo destacado es la auditoría iniciada en agosto de 2020 para revisar adquisiciones y servicios con recursos públicos, la cual sigue "en proceso" sin haber arrojado resultados finales.

Otra revisión iniciada en 2019 también quedó estancada, a pesar de que la Secretaría de Seguridad respondió a las observaciones hechas por los auditores.

Entre las irregularidades detectadas se encuentra la contratación de personal sin convenios formales, así como la firma de arrendamientos sin cumplir con los requisitos legales.

También se detectó que la dependencia carecía de estructura normativa básica como manuales de organización, reglamento interior y mecanismos de control del combustible.

A pesar de haber enviado siete cédulas de resultados, la dependencia dirigida por Bermúdez no recibió resolución alguna, ya que el órgano fiscalizador nunca emitió acción oficial.

Otra auditoría importante, enfocada en temas financieros y de transparencia, también quedó sin cerrarse, aunque su alcance incluía desde deuda pública hasta obra y adquisiciones.

Mariana Cendejas, experta del Tec de Monterrey, señaló que estas auditorías son fundamentales para evaluar la eficiencia y legalidad de los gobiernos estatales.

Subrayó que el nuevo marco normativo en transparencia exige que esta información esté disponible sin necesidad de solicitudes, pero aún se presentan muchas resistencias.

Las auditorías inconclusas son clasificadas como información reservada si están en curso, lo que limita el acceso ciudadano hasta que se finalicen.

Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, destacó que estos casos evidencian que el verdadero problema no es el diseño de los sistemas anticorrupción, sino la falta de voluntad política.

En sus palabras, se abren auditorías como se abren carpetas de investigación, pero no se concluyen, lo que permite que prevalezca la impunidad, sobre todo cuando los implicados tienen poder político.