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PVEM y MC proponen blindar los programas sociales
Publicación:18-06-2026
TEMA: #Senadores
Presentaron una iniciativa "blindar" los programas sociales.
CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL).- Ante el destape de las primeras "corcholatas" de Morena a las candidaturas en varios estados, los senadores Luis Armando Melgar Bravo (PVEM
), Clemente Castañeda Hoeflich y Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano) presentaron una iniciativa "blindar" los programas sociales y evitar que los aspirantes oficialistas utilicen recursos públicos o el condicionamiento de programas a cambio del voto.
La reforma a la Ley General de Desarrollo Social busca garantizar la neutralidad política de los programas sociales, con el objetivo de impedir su utilización con fines electorales, clientelares o de propaganda partidista.
La propuesta establece mecanismos claros para evitar que los recursos públicos destinados al bienestar de las personas sean utilizados para obtener ventajas políticas o electorales, al tiempo que fortalece la protección de los derechos sociales reconocidos en la Constitución.
Durante la presentación de la iniciativa, el senador Armando Melgar señaló que los programas sociales pertenecen a todas y todos los mexicanos y no pueden convertirse en patrimonio político de ningún partido.
"Los programas sociales son derechos constitucionales. No son propiedad de Morena ni de ningún otro partido. Lo que buscamos es poner candados y controles para que nunca más se utilicen con fines partidistas o electorales", afirmó.
Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas destacó que la democracia sólo puede funcionar cuando existe piso parejo para todas las fuerzas políticas y cuando los recursos públicos se ejercen con imparcialidad.
"Lo que queremos es que jamás nadie tenga que elegir entre su voto y su bienestar. Ninguna persona debe sentir que una pensión, una beca o un apoyo dependen de cómo vote o de a quién apoye políticamente", sostuvo.
La iniciativa incorpora por primera vez en la Ley General de Desarrollo Social el principio de neutralidad política de los programas sociales y establece medidas específicas para prevenir prácticas de clientelismo, coacción del voto y promoción personalizada.
Entre los principales cambios propuestos destacan la obligación de incluir una cláusula de neutralidad política en las reglas de operación de todos los programas sociales.
La reforma a la Ley General de Desarrollo Social busca garantizar la neutralidad política de los programas sociales, con el objetivo de impedir su utilización con fines electorales, clientelares o de propaganda partidista.
La propuesta establece mecanismos claros para evitar que los recursos públicos destinados al bienestar de las personas sean utilizados para obtener ventajas políticas o electorales, al tiempo que fortalece la protección de los derechos sociales reconocidos en la Constitución.
Durante la presentación de la iniciativa, el senador Armando Melgar señaló que los programas sociales pertenecen a todas y todos los mexicanos y no pueden convertirse en patrimonio político de ningún partido.
"Los programas sociales son derechos constitucionales. No son propiedad de Morena ni de ningún otro partido. Lo que buscamos es poner candados y controles para que nunca más se utilicen con fines partidistas o electorales", afirmó.
Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas destacó que la democracia sólo puede funcionar cuando existe piso parejo para todas las fuerzas políticas y cuando los recursos públicos se ejercen con imparcialidad.
"Lo que queremos es que jamás nadie tenga que elegir entre su voto y su bienestar. Ninguna persona debe sentir que una pensión, una beca o un apoyo dependen de cómo vote o de a quién apoye políticamente", sostuvo.
La iniciativa incorpora por primera vez en la Ley General de Desarrollo Social el principio de neutralidad política de los programas sociales y establece medidas específicas para prevenir prácticas de clientelismo, coacción del voto y promoción personalizada.
Entre los principales cambios propuestos destacan la obligación de incluir una cláusula de neutralidad política en las reglas de operación de todos los programas sociales.
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