Prevén una ola de juicios por energía

Ciudad de México.-Con la publicación de la política que limita los espacios de energías renovables, la Secretaría de Energía (Sener) y el gobierno federal abrieron la puerta a una lluvia de amparos, demandas y litigios administrativos de empresas privadas directamente involucradas en ese ramo que operan o buscaban participar en el país.

Gonzalo Monroy, analista y socio director de la firma especializada GMEC, advirtió que no hay duda de que los recursos legales vendrán, y se van a tener que mediar no sólo en juzgados mexicanos, sino también ante instancias internacionales, lo cual, dijo, sienta un mal precedente para el sector eléctrico nacional, pero en general para la nación.

"Al involucrar a embajadores de la Unión Europea y Canadá, el asunto adquiere relevancia internacional".

Ana Lilia Moreno, analista en materia de competencia y regulación, consideró que el acuerdo es violatorio a tratados internacionales y normativas locales, como la Ley de la Industria Eléctrica.

Por su parte, Aldo Flores-Quiroga, quien fue subsecretario de Hidrocarburos en la Sener, indicó: "Está confirmado: el gobierno mexicano trabaja para sus empresas nacionales de energía, no al revés. [Es] un ejemplo más de captura regulatoria del Estado. Pierden los consumidores y contribuyentes".

Lucía Ojeda, profesora en Competencia Económica del CIDE, dijo que los tratados internacionales protegen las inversiones extranjeras.

La Sener argumentó hace dos días que el acuerdo de Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional fortalecerá a ese órgano.

La dependencia aclaró que trabaja en medidas correctivas para abordar el desbalance que existe entre la capacidad de generación eléctrica con respecto a la demanda, problema que se agravó con la pandemia del Covid-19 y provocó una reducción drástica de la demanda de los sectores industrial y comercial.

De acuerdo con datos de la secretaría, la capacidad instalada de generación de 80 mil megawatts (MW) supera en 30 mil a la demanda máxima instantánea del sistema, "que en la semana 26 de 2019 alcanzó un total de 50 mil MW.

"Eso compromete la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico, especialmente para garantizar la operación de las actividades esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura y del sistema de Salud durante la emergencia", se lee en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En relación con la incorporación de las energías limpias, puntualizó que ésta debe darse "mediante la intervención y apoyo necesario de centrales que tengan disponibilidad total y proporcionen reserva de planeación y operativa, así como servicios conexos que hagan viable su funcionamiento".

A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afirmó que la política de confiabilidad no vulnera el Estado de derecho, porque no se cambian las leyes, sino que mejoran las reglas de aplicación para proteger el interés general ante la pandemia.

En la última Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032 que publicó la administración anterior, se esperaba adicionar 30 mil 241 MW de capacidad de generación con tecnologías renovables. En 2019, según sus estimaciones, se registraría el mayor nivel de capacidad a instalar, como resultado de las tres primeras subastas eléctricas de largo plazo.

La política de la Sener impone una serie de pruebas y limitaciones a nuevas centrales de generación de energía renovable, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares considerados congestionados o con poca capacidad de transmisión.

Embajadores de la Unión Europea y de Canadá mostraron su preocupación, tras criticar que se atenta contra la inversión en el sector, estimada por ellos en 6 mil 850 millones de dólares, tomando en cuenta 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 estados.

Acuerdo energético de Sener es retrógrada e ilegal, alerta oposición

 Políticos de diferentes partidos aseguraron que el acuerdo con el cual la Secretaría de Energía (Sener) asume totalmente el control del Sistema Eléctrico Nacional y frena las inversiones en energías limpias y renovables significa un retroceso energético, incumple con los tratados internacionales y es ilegal. Consultados por separado, consideraron que México no alcanzará las metas hacia la transición energética y que la generación de su energía será más cara.

La senadora del PAN Xóchitl Gálvez calificó el decreto como algo criminal, porque, dijo, es atentar contra toda la política para descarbonizar el planeta. Señaló que fue una acción hecha con alevosía, toda vez que se hizo en medio de una emergencia sanitaria: "En los tribunales van a perder, porque esto no tiene que ver con la soberanía energética. Estoy viendo de qué manera los senadores podemos presentar una controversia".

El vocero del PRI en San Lázaro en materia energética y extitular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, consideró que con este acuerdo se le está poniendo el pie a la generación de energía eléctrica de mejor precio y amigable con el ambiente. Informó que alistan un punto de acuerdo en el que advertirán que los cambios hechos por la Sener afectan el principio elemental de todo sistema avanzado: energía eléctrica más barata. Explicó que así lo establece la Ley de la Industria Eléctrica y que ir en contra de eso podría ser declarado ilegal.

"No es correcto desplazar a las energías renovables para despachar en su lugar energía generada con combustóleo (...) Es técnicamente posible garantizar el suministro confiable de energía eléctrica y despachar, simultáneamente, más parques renovables", describió.

Por su parte, el líder nacional del PRD, Ángel Ávila, dijo que este acuerdo ahuyenta la inversión que tanto se necesita para reactivar la economía y que se privilegia de manera tramposa a la CFE, y a las centrales de combustibles fósiles, que son altamente contaminantes y dañinas para el medio ambiente.

"Una vez más somos la vergüenza internacional, pues la cerrazón del gobierno, en un afán estatizador, ahuyenta la inversión que México tanto necesita para reactivar la economía y para dar paso a la transición energética que pondría al país a la vanguardia y mejoraría la calidad de vida", mencionó.

Ávila Romero señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador falta a su palabra expresada el pasado 25 de abril en un videomensaje para la "reactivación económica", en el que garantizó un verdadero Estado de derecho.

Además, la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado ya solicitó la comparecencia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para que explique las razones de este acuerdo "regresivo".

"Este gobierno quiere hacernos creer que esta es la vía para garantizar el suministro de luz, pero la realidad es que no (...) Si queremos cuidar el medio ambiente y sobrevivir como humanidad en este planeta, la única vía son las energías limpias", publicó en Twitter la legisladora de MC Verónica Delgadillo.

En tanto, el secretario de la Comisión de Energía de San Lázaro, Jacobo Cheja (MC), dijo que es muy preocupante que el gobierno pretenda conducir a México hacia un retroceso energético, al obstaculizar la generación de energías renovables e impedir arbitrariamente la entrada en operación de las plantas de generación de energías limpias. Cheja manifestó que este acuerdo promueve la quema de combustibles fósiles para generar energía cara, contaminante y que daña el ambiente y la salud.

Describió que, además de invadir competencias, pretende pasar por encima de los tratados internacionales de la propia legislación mexicana y de las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía, pues atropella derechos adquiridos por terceros que tenían proyectos vigentes de generación de energías limpias y viola la Ley de Transición Energética y la propia Ley General de Cambio Climático.

"Es preocupante que este gobierno crea que las energías limpias son un mito y que son muy caras, nada más falso que eso. Los precios del petróleo se desplomaron a nivel internacional, esto ocasiona que Pemex pierda grandes cantidades de dinero, ya que le cuesta mucho producir un barril de petróleo y lo vende muy barato por la baja demanda por la pandemia de coronavirus", explicó el legislador de MC.

Sugirió que el dinero destinado a la nueva refinería en Dos Bocas mejor se destine a la modernización de las seis existentes.

En tanto, el PRD en la Cámara de Diputados exigió la renuncia de Nahle, pues "la situación que estamos viviendo ya sobrepasa la ineptitud y prácticamente es traición a la patria, ya que se deja en estado de indefensión a la soberanía energética del país. Además, la decisión unipersonal no puede ir contra la legislación vigente.

"Hoy el enemigo está en casa y tiene nombre y apellido. Rocío Nahle está actuando contra la soberanía y economía nacional". La diputada federal Mónica Almeida mencionó que este decreto va en contra del Acuerdo de París, así como de la legislación vigente en materia de transición energética, en la que México se compromete a generar 30% de energía limpia para 2021 y 35% para 2024.