Presentan declaración sólo cinco secretarios de Estado

Ciudad de México.-A ocho días de que venza el plazo para presentar su declaración patrimonial y de conflictos de intereses, cinco de los 19 secretarios de Estado han cumplido con esta obligación, la cual tampoco ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una revisión hecha a la plataforma DeclaraNet se encontró que sólo los se-cretarios de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán; de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez; de Salud (Ssa), Jorge Alcocer, y del Bienestar, Javier May, han presentado esta obligación.

Desde el 1 al 31 de mayo es el periodo para que todos los servidores públicos de la administración pública federal cumplan con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación.

La declaración es un instrumento establecido en la Ley General de Responsabilidades que obliga a los funcionarios federales a realizar un informe detallado de su patrimonio para, en caso de detectarse casos injustificados de incremento o enriquecimiento, aclararlos o proceder en contra.

En caso de no presentarla en el periodo establecido, el servidor corre el riesgo de ser inhabilitado de tres meses a un año.

Cresencio Sandoval informó que, aparte de su salario como secretario de Estado, en 2020 vendió un vehículo por 250 mil pesos. En total, el funcionario informó que el año pasado obtuvo ingresos netos por 2 millones 7 mil 804 pesos, y detalló que el 17 de febrero de 2020 obtuvo un crédito hipotecario del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) por 9 millones de pesos.

Ojeda Durán precisó que su ingreso como secretario fue de un millón 992 mil 404 pesos, y que el pasado 14 de diciembre obtuvo también un crédito hipotecario de Banjercito por 9 millones 929 mil 221 pesos.

Rodríguez declaró que en 2020 obtuvo un millón 257 mil 723 por su trabajo como secretaria y por su paso al frente de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

En el rubro de otros ingresos, refirió que obtuvo 55 mil 50 pesos de devolución en saldo a favor por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, indicó que el 27 de noviembre de 2020 compró a crédito un automóvil marca Honda modelo CRV Touring CVT por 609 mil 900 pesos

Alcocer Varela dijo que, además de su sueldo como secretario de Salud, recibió el año pasado 420 mil pesos por su beca del Conacyt, además de 4 mil pesos en rendimientos bancarios.

May informó que es dueño de 70% de las acciones de la empresa ganadera La Mercocha, SPR de R.L. de C.V., localizada en Tabasco —de la que Octavio Romero Oropeza, director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue socio de 2012 a 2018— y por las que en 2020 obtuvo una ganancia de 34 mil pesos.

Indicó que por su cargo como secretario su ingreso neto fue de 2 millones 168 mil 418 pesos.

Por cursos, titular de UIF ganó 1.2 mdp

El funcionario del gabinete federal ampliado que ya ha presentado su declaración es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien el año anterior obtuvo por su cargo un millón 531 mil 125 pesos; por honorarios en cursos profesionales recibió un millón 220 mil 204 pesos, y por un seguro de vida, 720 mil.

En total, los ingresos netos de Nieto Castillo en 2020 fueron de 3 millones 471 mil 329 pesos. En cuanto a adeudos, detalló en la versión pública de la declaración que el 6 de noviembre de 2020 obtuvo un préstamo por el banco HSBC por 6 millones de pesos y el 1 de enero de 2020 le fue entregado un crédito automotriz por 448 mil 657 pesos. Además, precisó que el 14 de mayo de ese año compró de contado una sala por 36 mil 775 y el 20 de julio, un comedor por 45 mil 77.

Plantean prórroga para los burócratas

El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, informó que se propuso una prórroga hasta el 31 de diciembre próximo para que los burócratas del país presenten su declaración patrimonial. Afirmó, no habrá sanciones ni persecución, porque los servidores públicos no son delincuentes.

Ayala Almeida dijo que, en caso de presentarse la ampliación, habría asesoría para quienes estén obligados, pues subrayó que no todos deberán hacerlo en virtud de que hay quienes tienen salarios muy bajos, por lo que les pidió estar tranquilos.

Al ser cuestionado sobre si habría persecución o sanciones a quien no presente su declaración, ante la inquietud y temor de trabajadores, sobre todo, los que ganan menos, respondió que "de ninguna manera corren riesgos, no habrá sanción alguna, ni la pérdida de su empleo. Lo aclaro y lo afirmo, estamos en defensa total, no se trata de ninguna manera de encontrar sanciones".

Añadió que se trata de una colaboración, de una coadyuvancia con el gobierno federal y de la Ciudad de México que [éste último] se manifestó este sábado en su Gaceta Oficial dando extensión hasta el 31 de diciembre y se cuidará que no exista la presión, sino voluntad de todos los trabajadores, con la orientación. 

Estamos obligados a llevar a cabo esto de parte de los 82 sindicatos que se integran en la FSTSE, dijo.

Ayala Almeida informó que habrá reuniones para la capacitación de los trabajadores, a quienes comprometió: "Tengan la plena seguridad de que no cederemos a ninguna acción que vaya por imposiciones, menos permitir situaciones que lastimen las condiciones de los trabajadores. Este será un proceso consensuado y progresivo".

El dirigente sindical dio a conocer que en junio presentarán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una petición de incremento salarial y en las prestaciones sociales, así como la basificación [en sus plazas] de miles de trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Esto, "porque alrededor de 60% carece de seguridad social y por ahora sólo existe una caja de ahorro para brindarles seguridad social integral".

Insistió en que el proceso de declaración será gradual, pues se considera el hecho de que no todos cuentan con las herramientas como internet o equipo de cómputo. Es decir, no están preparados, de ahí la coadyuvancia con los gobiernos federal y de la Ciudad de México, con respeto a los derechos de los trabajadores establecidos en la ley.