Preparan recursos legales ante recorte a organismos

Ciudad de México/El Universal.- El bloque de contención en el Senado impulsará una controversia constitucional en contra de los recortes que prevé realizar la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados al presupuesto de los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual "pone en riesgo el sistema democrático en el país de cara a las elecciones presidenciales de 2024".

La senadora del PRI, Claudia Anaya, denunció que es "muy grave y claro" el ajuste de cuentas del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, que prevé recortar al Poder Judicial de 6 mil 465 millones de pesos y a organismos autónomos 13 mil 262.3 millones de pesos, dentro de lo cual el INE tendrá una disminución de 5 mil 003 millones de pesos.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora por Zacatecas dijo que el gobierno federal, en lugar de recortar en "obras inútiles como el Tren Maya", que no generará ingresos y que tiene un fideicomiso por 10 mil millones de pesos anuales para su operación, opta por la venganza y el ajuste de cuentas en contra de organismos autónomos como el INE, lo que los pone en una grave situación para organizar y fiscalizar las elecciones del próximo año.

Adelantó que es obvio que la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, no presentará la controversia constitucional, por lo que tendrá que ser su homóloga en San Lázaro, Marcela Guerra quien la interponga, además de que los propios organismos autónomos como el INE pueden iniciar estas acciones ante la Corte por los recortes a sus presupuestos que ponen en riesgo su funcionamiento, la vida institucional del país y la democracia.

La exsecretaria de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dijo que este proyecto busca destruir instituciones y debilitar al órgano electoral en un año donde se renovará la Presidencia de la República.

"Es un atentado contra la democracia, quiere dejar la cancha libre al gobierno federal para no ser fiscalizado y nos habla de la megalomanía y de un egocentrismo del presidente, que es capaz de destruirlo todo por anteponer sus deseos personales antes que la estabilidad de la nación", acusó. Damián Zepeda, senador del PAN, indicó que el proyecto de recorte presupuesto es una manipulación política de Morena del presidente López Obrador, que quieren usar la tragedia de Acapulco para debilitar a los otros poderes y a los órganos autónomos.

Dijo que la atención a los damnificados y la reconstrucción de Acapulco y otras zonas de Guerrero, tras el paso del huracán "Otis", se tiene que financiar con dinero del gobierno federal, que tiene nueve billones de pesos y le llegarán cientos de miles de millones más con el precio subestimado del petróleo.

El coordinador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, advirtió que no se justifica ningún recorte de 13 mil millones de pesos con un endeudamiento de dos billones de pesos y con un precio del petróleo subestimado en casi la mitad.

"Como está el precio del mercado, y con una guerra en Medio Oriente, no se justifica en términos generales, pero si se va a hacer, pues que se haga como lo dijo la secretaria de Gobernación en la carta que le dio a (la ministra) Norma Piña, que se haga conjuntamente, o como lo dijo Norma Piña en su carta al presidente, que se haga con visión de Estado, y visión de Estado no es visión de gobierno, ni menos de partido", expresó.

Martínez Cázares señaló que en el Presupuesto de Egresos debe haber una "reconsideración" por la devastación de Acapulco, por lo que la reconstrucción debe ser una prioridad.

Dijo que es inaceptable que se pretenda recortar el presupuesto del Poder Judicial porque la prioridad de Acapulco es la seguridad para mantener el orden: "Porque no se va a abastecer de agua y de alimentos si no hay seguridad, y porque antes del huracán no había seguridad en Acapulco, y tampoco después del huracán".

Advirtió que habrá litigios por los seguros, por la propiedad condominal, por la propiedad de la tierra, por la propiedad de las casas, y después de eso una de las prioridades será la impartición de justicia.

"Las otras patas de la seguridad son la prevención del delito, la procuración de justicia, o sea, llevar a los delincuentes la impartición de justicia y la cárcel, la sanción. Recortarle una de las cuatro patas de la seguridad del país y de Acapulco, y más en la necesidad de que los jueces den certeza a la propiedad en Acapulco, me parece un despropósito, un balazo en el pie, y no es ayudar a Acapulco", enfatizó.