Políticos y narcos aceleran huida de periodistas

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.- Las primeras advertencias llegaron en voz de terceros. El periodismo de la agencia de noticias API Guerrero generaba enfados en el ayuntamiento de Iguala. Los grupos criminales también estaban disgustados. Jonathan Cuevas, fundador y reportero, no viró. Después le enviaron una amenaza: "Te van a levantar". En octubre de 2020, ciudadanos protestaron en la Fiscalía Regional de Iguala. Denunciaron detenciones arbitrarias de la Policía Ministerial. Los reporteros que cubrieron, uno de ellos Jonathan, fueron violentados. Una camioneta conducida por elementos de esa corporación se abalanzó en contra de ellos y los manifestantes. Tres periodistas fueron encañonados mientras trabajaban. En la noche, al menos seis recibieron amenazas. A Jonathan le aseguraron que lo matarían. Intimidaba la delincuencia organizada, pero, presume, la ministerial y la fiscalía eran las verdaderas autoras. "Amenaza la delincuencia organizada... los políticos están detrás", afirma Jonathan. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) los incorporó y ofreció retirarlos de Guerrero. Jonathan y su pareja huyeron con sus hijos. Jonathan narra estos hechos, registrados en la carpeta de investigación con terminación Feadle Gro/0000023/2021, que abrió la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR). "El mecanismo está muy limitado porque así lo han diseñado. Te extrae y te ponen en un refugio, o bien dejan tu seguridad a autoridades estatales o municipales. Para nosotros, no son medidas reales de seguridad". En total, son 13 periodistas de Iguala reubicados por el mecanismo federal entre 2020 y 2021, revela información entregada vía transparencia por la Segob. La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de la que depende el mecanismo federal, informó que han sido reubicados en México 102 periodistas, de 2014 a marzo pasado; 30 en la pasada administración, 72 en la actual. El aumento es de 140%, y ha pasado sólo la mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. A cada uno de los periodistas se le otorgó un refugio, una vivienda alquilada. Es una medida urgente de protección para quienes son extraídos de su lugar de trabajo porque no hay condiciones que garanticen su seguridad. Podrían ser asesinados.

DOS VECES DESPLAZADA

La periodista Cynthia Yarel Valdez García ha sido forzada a desplazarse dos veces. De Culiacán, Sinaloa, huyó con su familia después del asesinato de Javier Valdez, en mayo de 2017. Publicar sobre las pugnas internas en la agrupación criminal de Joaquín "El Chapo" Guzmán provocó censura y hostigamiento. Las intimidaciones y amenazas de muerte obligaron al equipo de La Pared Noticias —sitio especializado en crimen organizado y donde Cynthia era directora— a frenar la información. Luego de que asesinaron a Javier Valdez, Cynthia creyó que ella y sus compañeros podrían ser los siguientes. Se desplazó con su esposo e hijos al centro del país después de que personal de la Segob la buscara. Ella no sabía que existía el mecanismo de protección. Cynthia, hoy de 38 años, dice que no medía el riesgo. "Me dieron escoltas por unos meses. Pierdes todo, tu casa, tus amigos. Te cambia la vida porque no trajimos documentos". Ella y su familia nunca se establecieron. En marzo de 2020 se regresó a Culiacán. Quería recuperar su antigua vida. Acordó un plan de retorno con el mecanismo que nunca se ejecutó. Los últimos dos años la pasó encerrada. Su medio ya no volvió a ser el mismo. Este año 2022 se animó a salir. El 17 de mayo pasado fue a dejar a sus hijos a la escuela. Cuando se estacionó apareció una camioneta grande. Las personas que la abordaban les tomaron fotos. "Llamé a la Guardia [Nacional] después de que los de la camioneta nos fotografiaran. Acababan de asesinar [al periodista] Luis Enrique Ramírez". Ese acto de intimidación, explica, la forzó a huir de nuevo para salvaguardar a su familia. El mecanismo la extrajo y le proporcionó un refugio. "Ya no tengo vida normal. Otra vez fue dejarlo todo. Es un cuento de no acabar. Son cinco años con esto", menciona.

FUNCIONARIOS, 4 DE CADA 10 AGRESORES

El 5 de octubre de 2021, en conferencia de prensa, Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, presentaron datos de agresiones de diciembre de 2018 a septiembre de 2021. Los principales atacantes son funcionarios, con 43.1%. Le sigue la delincuencia organizada, con 33.5%. De acuerdo con la información, suman 473 agresiones contra periodistas si contamos las físicas, amenazas y privación de la libertad. El aumento es de casi el doble respecto a años anteriores. El último informe público detallado del mecanismo en la página web de la Segob, de abril de 2021, registra 272 atentados de estos tres tipos en los últimos cuatro años del pasado sexenio. Más agresiones coinciden con más incorporaciones al mecanismo. Cuando inició la actual administración, 798 personas eran beneficiarias. En marzo pasado, la cifra era de mil 559. Periodistas eran 515; el aumento, de 95%. Los estados con más incorporaciones son los mismos de donde salen huyendo: Guerrero, Quintana Roo y Tamaulipas. Algunas medidas de protección aprobadas por la Junta de Gobierno, en cambio, han disminuido. Según el informe de abril de 2021, si comparamos los últimos dos años del gobierno pasado y los primeros dos del presente, se han otorgado menos escoltas (36 contra 26), patrullajes (121 contra 65) y botones de asistencia (241 contra 133).