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Perfilan amnistía a personas vulnerables


Publicación:04-12-2019
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El dictamen de la Ley de Amnistía, plantea el otorgamiento del perdón de ilícitos como la interrupción del embarazo

El próximo jueves las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados debatirán, y en su caso aprobarán, la Ley de Amnistía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 18 de septiembre ante el Congreso de la Unión.

El dictamen de la Ley de Amnistía, plantea el otorgamiento del perdón de ilícitos como la interrupción del embarazo (incluye a la mujer, familiares y a los médicos practicantes de la interrupción), así como delitos contra la salud cometidos por pobres, con extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidos y discriminados o tengan alguna discapacidad permanente.

También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia que no ameriten más de cuatro años de cárcel, así como el delito de sedición, que es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno, y los delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso.

En caso de ser avalado por la Cámara de Diputados, y posteriormente por el Senado, se calcula que podría beneficiar a unas mil 45 personas en todo el país.

En el primer artículo de éste, que sería un nuevo ordenamiento, se pretende el "perdón" a ciudadanos a quienes se les haya ejercido acción penal, hayan sido procesados o se les hubiere dictado sentencia firme ante los tribunales federales, siempre y cuando no hayan sido reincidentes respecto del delito por el que están indiciados o sentenciados antes de la entrada en vigor de esta nueva ley.

Las comisiones hicieron un cambio al dictamen y determinaron que, toda vez que le corresponde a la Fiscalía General de la República la aplicación de este nuevo ordenamiento, y para evitar conflictos de intereses al probablemente actuar como juez y parte, se estableció que el Ejecutivo, en un plazo de 60 días hábiles, creará una comisión de expertos encargada de coordinar y vigilar la aplicación de la Ley de Amnistía, la cual resolverá las solicitudes en un máximo de cuatro meses.



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