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Padres de normalistas exigen acceso a documentos militares
Publicación:04-01-2024
TEMA: #Caso Ayotzinapa
Los padres demandaron que la entrega de esos documentos a la Segob sea el primer paso de la anunciada apertura
CIUDAD DE MÉXICO, enero 3 (EL UNIVERSAL).- En una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) los padres y madres de los 43 normalistas
desaparecidos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, precisaron al Gobierno Federal sus exigencias y expectativas de acceso a la información.
Ello, luego que el Gobierno dio a conocer que del 4 de enero al 4 de marzo abriría el acceso a los archivos militares del caso.
"ado que el Presidente ha afirmado estar a la cabeza de la investigación, los padres y las madres reiteraron su pedido de poder agendar reuniones periódicas con el mandatario de cara al cierre del sexenio, a efecto de revisar continuamente los avances del caso" refirió el Centro Prodh en un comunicado.
Las familias reiteraron que la falta de entrega de información militar no es su percepción, sino una realidad que se ha acreditado a lo largo de todo su proceso de búsqueda de verdad y justicia, durante prácticamente una década.
Insistieron que entre los documentos pendientes se encuentran alrededor de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (C.R.F.I.) que ya operaba en Iguala.
Así como transcripciones de llamadas telefónicas realizadas por actores vinculados con los hechos.
Los padres demandaron que la entrega de esos documentos a la Segob sea el primer paso de la anunciada apertura, descartando acudir directamente a su búsqueda en instalaciones militares.
Argumentaron que sólo redundaría en una simulación que terminaría protegiendo a la institución castrense, cuando ésta ha sido opaca y poco leal ante el proceso de esclarecimiento.
"Máxime considerando que en el pasado las familias ya visitaron los cuarteles, sin que ello se haya traducido en la entrega de toda la información en poder del Ejército", detalló el organismo.
Indicó que las familias expresaron también su exigencia de que en la revisión de los documentos participen las expertas y expertos internacionales que han colaborado en el caso, con la coadyuvancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la necesidad de que una tercera parte revise técnicamente los documentos.
También expresaron su respaldo a las organizaciones que les han acompañado durante estos años, ante las injustas e infundadas descalificaciones recientes.
Ello, luego que el Gobierno dio a conocer que del 4 de enero al 4 de marzo abriría el acceso a los archivos militares del caso.
"ado que el Presidente ha afirmado estar a la cabeza de la investigación, los padres y las madres reiteraron su pedido de poder agendar reuniones periódicas con el mandatario de cara al cierre del sexenio, a efecto de revisar continuamente los avances del caso" refirió el Centro Prodh en un comunicado.
Las familias reiteraron que la falta de entrega de información militar no es su percepción, sino una realidad que se ha acreditado a lo largo de todo su proceso de búsqueda de verdad y justicia, durante prácticamente una década.
Insistieron que entre los documentos pendientes se encuentran alrededor de 800 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (C.R.F.I.) que ya operaba en Iguala.
Así como transcripciones de llamadas telefónicas realizadas por actores vinculados con los hechos.
Los padres demandaron que la entrega de esos documentos a la Segob sea el primer paso de la anunciada apertura, descartando acudir directamente a su búsqueda en instalaciones militares.
Argumentaron que sólo redundaría en una simulación que terminaría protegiendo a la institución castrense, cuando ésta ha sido opaca y poco leal ante el proceso de esclarecimiento.
"Máxime considerando que en el pasado las familias ya visitaron los cuarteles, sin que ello se haya traducido en la entrega de toda la información en poder del Ejército", detalló el organismo.
Indicó que las familias expresaron también su exigencia de que en la revisión de los documentos participen las expertas y expertos internacionales que han colaborado en el caso, con la coadyuvancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la necesidad de que una tercera parte revise técnicamente los documentos.
También expresaron su respaldo a las organizaciones que les han acompañado durante estos años, ante las injustas e infundadas descalificaciones recientes.
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