Ordenan no destruir documentos del caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO.-El Poder Judicial de la Federación (PJF), ordenó al Ejército no destruir los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, al conceder la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo promovido por los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre del 2014.

Los padres señalan la responsabilidad del secretario de la Defensa Nacional; del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

También del titular de la subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; y del director del Centro Militar de Inteligencia, entre otros.

De acuerdo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el 15 de agosto los familiares de los normalistas interpusieron ante el PJF una demanda de amparo en contra de la cadena de mando del aparato de inteligencia militar.

Esto por estimar que las autoridades han incumplido el Decreto Presidencial de 4 de diciembre de 2018 mediante el cual se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, violando el derecho a la verdad de los familiares y de toda la sociedad en su conjunto.

En su demanda, las familias argumentaron que con la publicación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvieron conocimiento de que el Ejército ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia.

A pesar de que los indicios permiten inferir que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.

En su acción legal, las familias solicitaron como medida cautelar que dentro de la suspensión el PJF ordene preservar la información para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada.

Esto con la expectativa de que, al resolverse el fondo, el PJF ordene la entrega de la información faltante empleando todas las facultades que le confiere la ley a los juzgados de amparo para hacer valer sus determinaciones.

La demanda fue admitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde ya se tramita el juicio de amparo indirecto respectivo con el número de expediente 1350/2023.

En cuanto a la suspensión provisional, inicialmente este órgano jurisdiccional de primera instancia negó lo solicitado por las familias.

No obstante, las víctimas indirectas presentaron recurso de queja y el día 01 de septiembre de 2023, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito notificó la resolución de este recurso, sustanciado en el expediente 353/2023, concediendo a las familias la suspensión que habían solicitado.

En tanto el Tribunal Colegiado consideró que la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales.

Además, ordenó a las autoridades militares abstenerse de "destruir, depurar, eliminar, esconder, u ocultar la información" que los padres y las madres identificaron en su demanda.

El Centro Prodh resaltó que a casi nueve años de los hechos, el caso Ayotzinapa permanece irresuelto y aunque hay algunos avances de proceso, el último informe del GIEI y la decisión de los expertos de concluir su labor mostraron que los obstáculos subsisten en las instituciones castrenses que no han querido entregar los documentos generados por las áreas de inteligencia, desobedeciendo así lo que expresamente les ordenó su Comandante Supremo en el Decreto de 4 de diciembre de 2018.

Indicó que, frente a esta realidad, los padres y las madres continúan a la espera de que el Presidente les reciba para dialogar sobre el incumplimiento del compromiso de esclarecer plenamente el caso, al tiempo que seguirán acudiendo a las instancias legales nacionales e internacionales disponibles para hacer valer sus derechos.

Incluso judicializando el contenido de los informes del GIEI como lo han hecho con esta acción, y mediante el acompañamiento de las organizaciones que han caminado a su lado a lo largo de casi una década.