Ordenan cumplir con acción contra desaparición forzada

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Estado mexicano a cumplir con las medidas y acciones urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De este modo, la SCJN otorgó carácter vinculante a las medidas emitidas por el Comité y determinó que su cumplimiento debe ser supervisado judicial y constitucionalmente.
La declaración de la Corte derivó de la resolución de un amparo revisado por la Primera Sala, en el que una madre reclamó en vía de amparo a diversas autoridades de Veracruz que no implementaron, coordinaron y efectuaron una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y seria para lograr localizar a su hijo víctima de desaparición forzada desde 2013.
La quejosa reclamó, entre otras cosas, que las autoridades no han implementado las medidas y acciones urgentes emitidas respecto al caso de su hijo, por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
En el amparo, un juez federal indicó que las medidas emitidas por el organismo internacional no son vinculantes y únicamente concedió la protección para que la madre recibiera copias certificadas de la averiguación previa y que el ministerio público realice las diligencias necesarias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables y ajustar su actuación a los estándares internacionales.
La Corte revocó la sentencia y amplió los efectos del amparo para además permitir y propiciar la participación de la madre de la víctima en la búsqueda y localización de su hijo porque consideró que el derecho a la búsqueda y sus resultados "integran el núcleo esencial del derecho a no padecer desaparición forzada y dotan de contenido y sustancia a los deberes de prevenir, investigar y reparar las violaciones de derechos humanos y sus correlativos derechos a la verdad, la justicia y la reparación".
Además, la Sala declaró que las autoridades deben acatar las medidas y acciones emitidas por el Comité pues negar la vinculatoriedad implicaría quitar todo efecto útil a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.