"México no buscará sanciones para Rusia"

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.- México no impondrá sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania porque el país busca tener una postura de neutralidad ante este conflicto y apostar por el diálogo y la conciliación. Así lo manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa, donde señaló que si México se inclina a favor de un bando en el conflicto se pierde autoridad y no podría, si lo piden, participar en la posibilidad de que se llegue a un acuerdo y a una conciliación. "Acerca de sanciones, nosotros no planteamos eso. Sigue la misma política, no queremos meternos nosotros de manera directa a sancionar a ningún país, queremos tener una postura de neutralidad, lo hemos estado expresando en Naciones Unidas para que de esta forma se busque el diálogo. "Si nosotros nos inclinamos a favor de una postura o de otra perdemos autoridad y no podríamos, si lo solicitaran, participar en la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, de que haya una conciliación", dijo. El Mandatario manifestó que la política exterior de México está muy bien definida en el artículo 89 de la Constitución, donde se señala que nuestro país no intervendrá en asuntos de otros países, que se buscará la solución pacífica a las controversias, pero señaló que se condena toda invasión que haya, pues recordó que México ha sufrido invasiones. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, manifestó que en este conflicto faltó diálogo y más política para evitar la guerra. "Desde luego, nosotros condenamos todas las invasiones, porque nosotros hemos padecido de invasiones. No voy a hacer aquí el recuento de cuantos países o potencias nos han invadido y el daño que nos han causado. Nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión, pero al mismo tiempo procuramos ayudar a que se dialogue y se busque la paz. Sentimos que en el conflicto RusiaUcrania faltó diálogo, faltó más política. La política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra. Entonces, se debió insistir más en el diálogo.

EL MOTIVO DEL PLEITO ENTRE AMLO Y LA EMPRESA CALICA

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que la empresa Calica viola la ley al continuar con la extracción de material pétreo en Quintana Roo, pese a que el permiso de explotación venció en 2020, la compañía asegura que las acusaciones son falsas, ya que tiene todavía un permiso vigente para uno de sus predios.

EL TEMA NO ES TAN SIMPLE

Modificaciones al marco legal ambiental en Quintana Roo, que inciden en la emisión de permisos federales para la extracción de material pétreo en predios propiedad de Sac Tun, antes Calizas Industriales del Carmen (Calica), en la Riviera Maya, forman parte de una controversia de arbitraje comercial privado iniciada por Legacy Vulcan LLC, desde 2018, en contra del gobierno mexicano. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está impedida por el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) del municipio de Solidaridad — vigente desde 2009— para renovar los permisos que requiere la empresa estadounidense, debido a que los usos del suelo aplicables en sus predios La Adelita y El Corchalito son incompatibles con la actividad minera que realiza. Básicamente, Calica —hoy Sac Tun— contaba con permisos hasta 2020, pero en 2009 el ordenamiento fue modificado y en él se prohíben actividades extractivas, por lo cual la Semarnat no puede renovarle los permisos. El tema intentó solucionarse mediante un "memorándum de entendimiento" fechado el 12 de junio de 2014, entre el gobierno estatal y municipal, y la propia empresa, el cual no prosperó. Legacy Vulcan LLC tramitó un arbitraje internacional en contra del gobierno mexicano en diciembre de 2018, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), derivado de "la revocación" de una concesión portuaria a Calica y “el cierre forzoso” de las operaciones de extracción de dicha compañía en La Adelita y El Corchalito, predios que adquirieron en 1996. Vulcan reclama que hubo "modificaciones unilaterales" por parte de autoridades de gobierno, además de haberles exigido el pago de impuestos supuestamente ilegales, impugnados por Calica. El monto reclamado por la compañía es por 500 millones de dólares.