Nacional Ciudad de México
Ley de Amnistía busca blindar consulta contra expresidentes
Publicación:14-09-2020
TEMA: #Ley de Amnistía
Pablo Gómez explicó que si la decisión mayoritaria fuera el sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley
CIUDAD DE MÉXICO.- El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, presentó una iniciativa para crear la Ley de Amnistía
de expresidentes de la República que estuvieron en funciones del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre del 2018, es decir, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Con la presentación de este proyecto, Pablo Gómez explicó que busca que en la consulta popular, que se podría llevar a cabo, se les pregunte a los ciudadanos si estaría de acuerdo con que se apruebe un proyecto de Ley de Amnistía para los expresidentes.
En su exposición de motivos, Pablo Gómez explicó que si la decisión mayoritaria fuera el sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley y el Poder Ejecutivo tendría que promulgarla. Si fuera no, la Cámara de origen tendría que desechar la iniciativa.
De esta manera se asegurarían de que la consulta prosiga. "Quien suscribe la presente iniciativa es contrario al olvido, pero, por eso mismo, el asunto debe dejar de estar resolviéndose en los hechos, para lo cual es preciso promover que se dirima mediante el dictado popular con un no al olvido de facto que se ha impuesto debido a la tradición de impunidad de los presidentes.
Si la mayoría ciudadana dijera no, tendríamos una especie de ley de no olvido, aunque ésta no estaría escrita sino consagrada mediante el rechazo popular de la amnistía, es decir, del olvido penal, y el consecuente desechamiento del proyecto por parte de la Cámara de Diputados", describió Pablo Gómez.
Agregó que la respuesta negativa permitiría dejar en claro que la mayoría ciudadana es contraria a toda forma de olvido de la comisión de ilícitos desde la Presidencia de la República, sin menoscabar los derechos que tengan los eventuales inculpados.
"Esto estaría en línea con el proyecto de reforma del segundo párrafo del artículo 108 constitucional en materia de imputabilidad penal del Presidente de la República, el cual se encuentra en trámite en el Senado como proyecto enviado por la Cámara de Diputados", describió.
Describió que tal fórmula es viable, pues se debe recordar que la consulta popular no es un instrumento de opinión pública, sino ejercicio directo de la potestad ciudadana de decidir, esto es, de ordenar expresamente a las autoridades lo que deben o no deben hacer.
"En conclusión, para dar base a la consulta se inicia ahora el proceso legislativo mediante la presentación del proyecto de Ley de Amnistía, la cual sería objeto precisamente de la consulta popular que se pedirá en trámite por separado", explica Pablo Gómez.
En un proyecto presentado en la Gaceta Parlamentaria de este lunes, Pablo Gómez busca que esta ley conste de cuatro artículos en los que se decreta amnistía en favor de las personas que desempeñaron el cargo de Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos dentro del tiempo comprendido entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, contra los cuales se hubiera ejercido o se pudiera ejercer acción penal ante los tribunales federales por la comisión de delitos contra la Federación durante el ejercicio de su respectivo encargo.
"La amnistía extingue las acciones penales respecto de los delitos dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas de conformidad con la legislación aplicable", expone el artículo segundo de esta ley.
Las personas a quienes beneficie esta Ley, no podrán ser en el futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos. En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes beneficia esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio dictará auto de sobreseimiento.
Con la presentación de este proyecto, Pablo Gómez explicó que busca que en la consulta popular, que se podría llevar a cabo, se les pregunte a los ciudadanos si estaría de acuerdo con que se apruebe un proyecto de Ley de Amnistía para los expresidentes.
En su exposición de motivos, Pablo Gómez explicó que si la decisión mayoritaria fuera el sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley y el Poder Ejecutivo tendría que promulgarla. Si fuera no, la Cámara de origen tendría que desechar la iniciativa.
De esta manera se asegurarían de que la consulta prosiga. "Quien suscribe la presente iniciativa es contrario al olvido, pero, por eso mismo, el asunto debe dejar de estar resolviéndose en los hechos, para lo cual es preciso promover que se dirima mediante el dictado popular con un no al olvido de facto que se ha impuesto debido a la tradición de impunidad de los presidentes.
Si la mayoría ciudadana dijera no, tendríamos una especie de ley de no olvido, aunque ésta no estaría escrita sino consagrada mediante el rechazo popular de la amnistía, es decir, del olvido penal, y el consecuente desechamiento del proyecto por parte de la Cámara de Diputados", describió Pablo Gómez.
Agregó que la respuesta negativa permitiría dejar en claro que la mayoría ciudadana es contraria a toda forma de olvido de la comisión de ilícitos desde la Presidencia de la República, sin menoscabar los derechos que tengan los eventuales inculpados.
"Esto estaría en línea con el proyecto de reforma del segundo párrafo del artículo 108 constitucional en materia de imputabilidad penal del Presidente de la República, el cual se encuentra en trámite en el Senado como proyecto enviado por la Cámara de Diputados", describió.
Describió que tal fórmula es viable, pues se debe recordar que la consulta popular no es un instrumento de opinión pública, sino ejercicio directo de la potestad ciudadana de decidir, esto es, de ordenar expresamente a las autoridades lo que deben o no deben hacer.
"En conclusión, para dar base a la consulta se inicia ahora el proceso legislativo mediante la presentación del proyecto de Ley de Amnistía, la cual sería objeto precisamente de la consulta popular que se pedirá en trámite por separado", explica Pablo Gómez.
En un proyecto presentado en la Gaceta Parlamentaria de este lunes, Pablo Gómez busca que esta ley conste de cuatro artículos en los que se decreta amnistía en favor de las personas que desempeñaron el cargo de Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos dentro del tiempo comprendido entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, contra los cuales se hubiera ejercido o se pudiera ejercer acción penal ante los tribunales federales por la comisión de delitos contra la Federación durante el ejercicio de su respectivo encargo.
"La amnistía extingue las acciones penales respecto de los delitos dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas de conformidad con la legislación aplicable", expone el artículo segundo de esta ley.
Las personas a quienes beneficie esta Ley, no podrán ser en el futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos. En el caso de que se hubiere interpuesto demanda de amparo por las personas a quienes beneficia esta Ley, la autoridad que conozca del respectivo juicio dictará auto de sobreseimiento.
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