La crisis del IMSS impulsa subrogación

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha pagado al menos 22 mil 183 millones de pesos a empresas privadas, principalmente del ramo médico, entre 2019 y 2023, para suplir las carencias del sistema de salud público.

El gasto corresponde a los primeros cinco años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es superior a lo que el IMSS erogó por subrogación de servicios médicos en el sexenio completo de Enrique Peña Nieto. Entre 2013 y 2018, el desembolso fue de 13 mil 224 millones, arrojó el análisis de la base de contratos públicos de Compranet.

El dinero se usó para costear hemodiálisis, estudios de laboratorio, atención gineco-obstétrica y a recién nacidos. Además, ha subrogado cirugías, terapia intensiva y especialidades como cardiología, neurología y siquiatría, entre otros servicios que el instituto reconoce que es incapaz de brindar por sí mismo.

Las contrataciones son contrarias a los compromisos que han realizado el Presidente de México y el titular del organismo público descentralizado, Zoé Robledo Aburto. "Vamos a terminar con los abusos que se cometían en la prestación de servicios, la famosa subrogación. Hasta las guarderías subrogaban, entregaban contratos a particulares para manejar la salud. Temas tan delicados que se pusieron al mercado como si fuese mercancía, todo por el dinero, por la ambición al cochino dinero. Eso es lo que se está enfrentando y vamos bien", dijo López Obrador en 2020.

En enero del año pasado, Robledo Aburto, quien dirige la institución desde junio de 2019, aseguró que se frenó la "privatización silenciosa". Por medio de un boletín, expuso que con el pretexto de que la atención médica era de mala calidad y costosa, los gobiernos anteriores aumentaron los contratos con particulares para la prestación de los servicios. "Encontramos que las empresas imponían sus condiciones, lo que ofrecían era caro y deficiente. Había espacio para la corrupción", afirmó.

La subrogación es la alternativa establecida para cubrir la demanda de atención mediante la contratación de servicios de terceros. Se utiliza cuando las unidades médicas no tienen ni los medios ni los recursos para dar atención con oportunidad, calidad y seguridad, de acuerdo con lo que señala la norma que establece las disposiciones generales y criterios técnico-médicos para la planeación, contratación, obtención y control de los servicios subrogados de atención médica.

"El gasto en subrogación no representa necesariamente un desfalco al Seguro Social, pero sí representa la ineficiencia de la institución. Si no hubieran realizado esas contrataciones, el servicio sería aún peor", advierte Alejandro Macías, quien fuera el médico comisionado en la epidemia de influenza A (H1N1), y uno de los más consultados durante la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, los pagos para suplir las carencias del IMSS no han subsanado las grietas en la atención. De hecho, en algunos casos, son un nuevo obstáculo para recibir la asistencia, incrementando los tiempos de espera, la burocracia y los malos tratos a la derechohabiencia.

El punto más débil del sistema

El 74.9% del dinero que el IMSS ha utilizado en subrogación de servicios médicos, 26 mil 527 millones de pesos en los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, se ha destinado a un mismo fin: terapias de hemodiálisis. Los estudios costo-beneficio que realizó el organismo en 2019 y 2021 especifican que la subrogación es necesaria por la "falta de suficiencia del instituto para poder realizar las sesiones en sus propias instalaciones".

La hemodiálisis es uno de los tratamientos para las personas con enfermedad renal crónica y consiste en filtrar toxinas y agua de la sangre, la función que hacían los riñones cuando estaban sanos. El IMSS atiende a 80% de los pacientes (74 mil en 2018) con esta enfermedad en el país y a casi la mitad les brinda esta terapia, según el análisis costo-eficiencia para la contratación del servicio en el periodo 2020-2022, obtenido por transparencia.

El documento revela que la principal razón por la que el IMSS contrata a privados es porque carece del servicio en sus unidades médicas (92%). En otros es por insuficiencia de equipo o descomposturas (5%), falta de insumos (2%) y escasez de personal (1%). También se puntualiza que el inventario físico de unidades de 2018 no registra infraestructura propia para hemodiálisis en Hidalgo, Morelos y Querétaro.

Pese a las contrataciones millonarias, el acceso a esta terapia no está garantizado.

Rutbiola Velázquez, de 31 años, está en la lista de espera de hemodiálisis subrogada porque el servicio del Hospital Regional 180 de Tlajomulco, Jalisco, se encuentra sobrepasado. Debe esperar casi dos años para poder recibir el servicio privado. Mientras tanto, realiza colectas y rifas para poder costearse independientemente al menos una de las dos terapias que necesita semana tras semana y que tienen un costo de mil 500 pesos cada una.

Aunque se le pidió al IMSS que entregara vía transparencia los estudios costo-beneficio de la contratación de todos los servicios médicos que ha subrogado, un requisito para avalar el pago a privados, sólo entregó los correspondientes a hemodiálisis. En ellos se recalca la necesidad de contratarlos para brindar el servicio ante las carencias propias, la única discusión que se asienta es sobre si los contratos serán anuales o plurianuales.

En respuesta a solicitudes de transparencia y tras interponer recursos de revisión, el IMSS entregó bases de datos con información sobre subrogación. La sumatoria arroja que en sus primeros cinco años esta administración gastó 7 mil 629 millones en servicios privados, un incremento de 102% respecto al gasto entre 2013 y 2018, que fue de 3 mil 764 millones. La información muestra un monto inferior a lo reportado en Compranet; sin embargo, acredita el aumento en el gasto de subrogación del IMSS. Desde el 30 de enero se solicitó al IMSS reiteradamente una entrevista sobre el aumento en el gasto por subrogación médica, pero no respondió.

La norma vigente señala que para la autorización y contratación de servicios subrogados se debe verificar que en la unidad de salud no existan los medios y los recursos para resolver el problema tomando en cuenta los criterios de urgencia, pertinencia técnico-médica, capacidad resolutiva, disponibilidad presupuestal, accesibilidad, distancia y tiempo de recorrido y costo efectividad. Sin embargo, la documentación brindada por la dependencia no permite corroborar que se hayan seguido estos lineamientos.