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Investigan a funcionarios por colapso en L12

Investigan a funcionarios por colapso en L12


Publicación:27-08-2021
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FGR abrió una carpeta de investigación por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y por peculado

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNI.- La Fiscalía General de la República (FGR ) abrió una carpeta de investigación por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y por peculado, derivado del colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, entre la estación Olivos y Tezonco, el pasado 3 de mayo, que provocó la muerte de 26 personas. Así fue revelado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), cuyo pleno, al resolver un recurso de inconformidad este miércoles, ordenó a la FGR entregar una versión pública de la carpeta, incluidos los nombres de servidores y exfuncionarios imputados. De acuerdo con el comisionado del Inai, Adrián Alcalá, la fiscalía, que en primera instancia se declaró incompetente para responder la petición, ya con la impugnación, dijo que había una investigación abierta, pero clasificada como reservada porque está en curso y están los nombres de denunciantes e imputados. Explicó que, luego de tener información adicional sobre el tipo de delitos que se indagan, se analizó que caían en el rubro de corrupción, por lo que se puede aplicar una excepción —la cual dice "no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables"— y no reservarse la información. Con ello, "garantizamos que el derecho de acceso a la información cobre una relevancia trascendental para la sociedad en general, ya que a través de su ejercicio se puede conocer información relacionada con casos en los que se investiga a servidores públicos que presuntamente realizaron actos apartados de la legalidad o de la ley", apuntó. Respecto a las personas servidoras públicas o exfuncionarios imputados que se mencionan en la carpeta de investigación, Alcalá puntualizó que se realizó una prueba de interés público de la cual se determinó que, si bien se actualiza la confidencialidad derivada del derecho a la protección de datos personales relacionados con el ámbito privado, su derecho al honor y la presunción de inocencia. "Lo cierto es que también dar a conocer sus nombres permite fomentar la credibilidad de la sociedad en la rendición de cuentas, a través de la transparencia del ejercicio de la función pública que tiene conferida las personas servidoras públicas al evidenciar su actuar dada las atribuciones que representan", manifestó


« El Universal »