Incompleto, expediente contra Emilio Lozoya

A unos días de que venza el plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR) presente ante un juez las pruebas que tiene sobre la trama de corrupción de Odebrecht y la participación del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, las autoridades mexicanas aún aguardan recibir información de siete gobiernos a los que han solicitado asistencia jurídica para integrar el caso.

Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá, Luxemburgo, Liechtenstein y las Islas Vírgenes Británicas recibieron peticiones por parte de México para que entreguen datos bancarios y documentación de las empresas de Lozoya y de la constructora Odebrecht, pero aún están en trámite y no han concedido todos los informes solicitados, reveló la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR.

Al responder solicitudes de información a Quinto Elemento Lab vía Transparencia, la FGR informó que ha realizado 20 peticiones de asistencia jurídica a nueve gobiernos desde fines de 2018, cuando tomaron posesión la nueva fiscalía y la administración lopezobradorista, pero sólo Suiza y Estados Unidos han desahogado seis de las peticiones, mientras que los demás gobiernos a los que se pidió ayuda aún no han entregado información.

La FGR detalló que la solicitud más antigua data del 1 de diciembre de 2018, el mismo día que tomó el poder el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, las autoridades mexicanas pidieron ayuda a Brasil e hicieron otras cinco peticiones durante 2019 y 2020.

Los requerimientos a los brasileños son para "recabar diversa información y documentación de la empresa [Odebrecht], así como recabar diversas declaraciones". El estatus de esas peticiones se encuentra "en trámite", informó el mes pasado la fiscalía.

A Canadá, el Principado de Liechtenstein y a las Islas Vírgenes Británicas se solicitó "información bancaria"; al Ducado de Luxemburgo y al Reino Unido se pidió "recabar documentación", sin especificar de qué tipo, mientras que a Alemania se requirió "obtener información de una persona moral".

Lozoya y su esposa, Marielle Helene Eckes, son accionistas de las firmas germanas de bienes raíces ELMO Wolfsburg y All-ME Hamburg GmbH. La cooperación internacional será clave para esclarecer el entramado de corrupción y sobornos que dejó Odebrecht en México y conocer si hubo más funcionarios involucrados.

Para intentar encubrir el origen ilícito de su fortuna, Lozoya montó una sofisticada red de lavado de dinero que movió decenas de millones de dólares en diversos países y territorios como Suiza, Islas Vírgenes, Antigua, Liechtenstein, Mónaco, Brasil y Alemania, según han documentado las autoridades.

Un portavoz de la FGR declinó comentar acerca del estatus de las solicitudes no atendidas y tampoco aclaró cómo la ausencia de estos datos puede afectar la integración del caso contra Lozoya.

La fiscalía se negó a responder, argumentando que se trata de una investigación en curso. Tras ser extraditado de España a México, Emilio Lozoya compareció a finales de julio pasado ante la justicia para ser procesado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Los fiscales que llevan los casos Odebrecht y de Altos Hornos pidieron un plazo de seis meses —que vence el día 31 de este mes— para cerrar la investigación, con el fin de recabar más pruebas y evidencias en México y en otras jurisdicciones.

Desde que la justicia concedió ese lapso para concluir las indagatorias del caso Odebrecht, la FGR sólo ha enviado dos solicitudes de asistencia internacional, una a Suiza y otra a Brasil. Los avances de las pesquisas oficiales no son públicos y no queda claro si habrá una prórroga para seguir integrando el caso contra Lozoya, quien solicitó el criterio de oportunidad para actuar como "testigo colaborador" y aportar información esencial a cambio de que las autoridades no ejerzan una acción penal en su contra.

La fiscalía decidió ocultar los avances de la investigación del caso Odebrecht y Altos Hornos, al argumentar que ésta se encuentra en trámite, por lo que se trata de información reservada y confidencial, de acuerdo con las respuestas que dio a peticiones de solicitudes formuladas por Quinto Elemento Lab.

La fiscalía tampoco informó los avances y el estado que guarda la indagatoria que inició en agosto de 2017 la Fiscalía de Delitos Electorales para esclarecer el presunto financiamiento ilegal de la constructora brasileña a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, y reservó el estatus de las pesquisas iniciadas a partir de la denuncia que presentó Lozoya en agosto pasado.

La FGR informó que los datos recabados se "encuentran estrictamente reservados" y se mantienen bajo sigilo porque su divulgación podría afectar el curso de las indagatorias. Con estos argumentos, la fiscalía se niega a informar sobre el avance de las investigaciones aun cuando el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai) le ordenó en junio de 2019 elaborar una versión pública del expediente de la investigación de Odebrecht, puesto que se trata de un caso de corrupción de interés público.

A cuatro años de que las autoridades mexicanas iniciaran la investigación del caso Odebrecht, la FGR ha pedido apoyo a 21 países y territorios para esclarecer la trama de corrupción y sobornos; no todas sus solicitudes han sido respondidas y algunas llevan más de dos años de retraso.

Las primeras peticiones fueron hechas en febrero de 2017, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dependía del Ejecutivo, que era encabezado por Peña Nieto. Desde esa fecha y hasta que concluyó el gobierno priista, a finales de 2018, la extinta PGR envió 35 solicitudes de asistencia jurídica a 17 naciones.