Impugna INE en la Corte el plan B

CIUDAD DE MÉXICO.-El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la primera parte del llamado plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La controversia se promovió contra las primeras dos leyes modificadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que son: las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que fueron aprobadas en diciembre pasado por el Congreso.

En el Senado aún se encuentran otras cuatro leyes pendientes de aprobar y que se prevé se discutan y avalen la próxima semana.

En un comunicado, el INE señaló que estas modificaciones "crean condiciones que merman la autonomía del instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda".

Precisó que los servidores públicos deben aplicar los recursos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado.

Reestructura organizacional. Entre los puntos del paquete de cuatro leyes del plan B que discutirá el Senado destaca la reestructura organizacional del INE en sus órganos desconcentrados, lo que implicaría un recorte de personal.

Se eliminarían las Juntas Distritales y se compactan las Juntas Locales y las 300 Juntas Ejecutivas Distritales encargadas de realizar el trabajo de preparación, organización y celebración de elecciones.

En lugar de esos 300 cuerpos se propone que exista una oficina auxiliar ocupada por una persona que tendría bajo su responsabilidad las tareas legales que hoy corresponden a órganos ejecutivos no unipersonales.

La reforma suprime la Junta General Ejecutiva del INE para ser sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeros electorales y considera modificaciones importantes en la estructura de los Organismos Públicos Locales, además de que reduce la Unidad Técnica de Fiscalización a una dirección ejecutiva.

Incluye modificaciones importantes en la estructura de los Organismos Públicos Locales y dispone que sólo contarán, a nivel central, con una estructura máxima dividida en dos áreas.

La reforma plantea que los cómputos distritales comiencen el mismo día de la jornada y no hasta el miércoles siguiente, como sucede actualmente, pero no elimina el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), por lo que habría dos sistemas de conteo simultáneos.

La ley contempla que el registro en el padrón de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero sea validado por la SRE y que se pueda votar con la matrícula consular o pasaporte y no sólo con la credencial de elector.

Establece que en ningún caso se pueden suspender derechos o prerrogativas político-electorales de la ciudadanía derivado de sanciones administrativas o judiciales distintas de las penales y elimina la sanción relativa a la pérdida del registro de precandidatura o candidatura en los casos en los que se omita presentar el informe de gastos o se rebase el tope.

Considera una cláusula que le permitirá a los partidos políticos hacer "guardaditos" para gastarlos en una elección, lo cual tenían prohibido, pues estaban obligados a devolver los remanentes a la tesorería.

Del paquete de cuatro leyes, el Senado sólo discutirá el artículo referente a la "cláusula de vida eterna" sobre la transferencia de votos para beneficiar a los partidos pequeños, rechazada por la Cámara de Diputados.

Las primeras dos leyes del plan B ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y han sido impugnadas ante la SCJN.