GN: entre corrupción, extorsión y silencio

"Me denuncias y te pongo en la madre", sentenció un elemento de la Guardia Nacional a un conductor de tráiler en San Luis Potosí. Le pedía una transferencia de 30 mil pesos para no remitirlo ante el Ministerio Público, según se lee en una denuncia interpuesta por el chofer ante la Unidad de Asuntos Internos de la corporación.

Otro transportista que circulaba por la carretera Magdalena-Guadalajara, en Jalisco, narró que tras una ponchadura de llanta se desvió a un poblado cercano para repararla, pero fue detenido por un guardia que lo acusó de utilizar un camino prohibido para su tipo de transporte; a cambio de no enviarlo al corralón, el agente solicitó el pago de 15 mil pesos.

"Te voy a decir una cosa, por órdenes de mi superior el que pasa por aquí se tiene que reportar; si no te reportas son mayores las consecuencias", afirmó el guardia, según se detalló en la denuncia del 5 de junio de 2020.

"Voy a encerrarte el camión y vas a tener que venir hasta Guadalajara a liberarlo. Dame 15 mil [pesos] y te ahorro el viaje y la pérdida de tiempo".

Las quejas fueron archivadas por falta de pruebas. Lo mismo sucedió con absolutamente todas las denuncias ciudadanas investigadas por la corporación. En algunos casos, los expedientes también se cierran por la muerte o renuncia del involucrado.

Para este trabajo, y después de un largo proceso de transparencia, se pudo acceder a los expedientes de quejas de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional. El trabajo se hizo in situ durante dos semanas por dos horas al día y sin poder tomar fotografías o sacar fotocopias. Siempre con la presencia de dos elementos enfrente. Papel y lápiz sin poder anotar los nombres de ninguno de los involucrados, ni siquiera de los servidores públicos. Esas fueron las reglas de la corporación, amparados en la ley de transparencia.

El plazo que dio la Guardia Nacional alcanzó para revisar sólo 30% de las quejas.

Al circular por la carretera México-Querétaro, un transportista se orilló en una zona prohibida por una falla mecánica. Llegó una patrulla de la Guardia Nacional y le exigió el pago de 32 mil pesos para no retener el camión.

En la queja interpuesta el 3 de septiembre de 2021, el transportista relata que logró reunir 3 mil pesos y los transfirió a una cuenta bancaria del oficial. A cambio, el guardia le proporcionó su número telefónico para no ser molestado la próxima vez que transite por la zona.

En la misma carretera, un conductor de tráiler fue detenido para una revisión de rutina y se le intentó multar por no traer llanta de refacción. Para evitar la infracción, los oficiales le acompañaron hasta un cajero en el municipio de San Juan del Río, ubicado a 15 minutos del lugar donde había sido detenido. El chofer pagó 2 mil pesos para que se le permitiera continuar.

Sobre el tema, Vania Pérez Morales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), advierte que existe un círculo vicioso de impunidad.

"Me parece escalofriante que ninguna de las mil 303 denuncias haya avanzado a una sanción. El ciudadano denuncia, no le resuelven, se archiva. Luego, el ciudadano nuevamente es víctima de arbitrariedades, pero ya no tiene confianza en la institución y no denuncia", destaca.

Mordidas, hasta de 100 mil pesos

El 14 de febrero de 2020, durante la ceremonia de inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que la nueva corporación sería incorruptible.

"Lo más importante de todo es la honestidad, la integridad, el no caer en la tentación de la corrupción, el que puedan decir los miembros de la Guardia Nacional: ‘Soy leal a México y soy incorruptible y prefiero dejarles a mis hijos pobreza, pero no deshonra’", declaró entonces.

Pero las denuncias no dan cuenta de ello. La extorsión y el abuso de autoridad destacan entre los actos que más se le atribuyen a la Guardia Nacional, integrada en 80% por policías militares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina; el resto son integrantes de la extinta Policía Federal.

Desde su creación, en marzo de 2019, la Guardia ha abierto 8 mil 656 expedientes de investigación contra sus integrantes. Se les indaga por abuso de autoridad, extorsión, agresión física y verbal, acoso sexual, violación a derechos humanos, robo, homicidio, vínculos con la delincuencia organizada, entre otros.

Para este trabajo se logró el acceso a mil 303 expedientes, que corresponden a denuncias ciudadanas concluidas.

Al revisar los reclamos, se pueden observar patrones de corrupción utilizados en las carreteras. Se pide dinero a cambio de no llevar al corralón los vehículos, de no remitir al Ministerio Público y a cambio de no infraccionar por faltas menores.

Los momentos de emergencia tras sufrir un accidente o una falla mecánica también son aprovechados para obligar a los ciudadanos a contratar servicios de grúas particulares que realizan cobros excesivos y que, presuntamente, operan en contubernio con los guardias.

Los cobros van de los mil hasta los 100 mil pesos. Las carreteras que atraviesan el Estado de México, Puebla, Ciudad de México y Morelos son las más señaladas.

Se aceptan muebles, pantalones y litros de aceite

"Mira, como vas a estar pasando por aquí y no estás arreglado con alguien, son 10 mil [pesos] para que no tengas problemas y sigas jalando. Si quieres y puedes, si no, ahorita te recojo el camión", estas palabras quedaron grabadas tras una llamada que un elemento de la Guardia tuvo con el propietario de un tráiler detenido el pasado 17 de enero de 2021.

En su investigación, la Unidad de Asuntos Internos comprobó que el oficial sí detuvo al tráiler ese día, pero negó que la voz grabada en la llamada fuera del agente de la corporación.

En Baja California Sur, un grupo de 10 transportistas acusó cobros hasta de 100 mil pesos por llevar almejas y langostas, ya sea en temporada o en época de veda. En la denuncia se detalla que los guardias piden productos transportados por el infractor: botellas de vino, muebles, chamarras, pantalones de mezclilla, relojes y hasta botellas de aceite de cocina.

A un transportista detenido por ir a exceso de velocidad se le exigió el pago de 10 mil pesos para no infraccionarlo, pero al negarse, el oficial le pidió una caja con 10 litros de aceite. La caja fue llevada hasta el domicilio particular del guardia, según se detalla en una denuncia. Aunque las quejas son de ciudadanos y transportistas, estos últimos son los más afectados.

Se buscó la postura de la GN, pero no hubo respuesta.

Una estructura de corrupción

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), que reúne a unos 35 mil socios de transporte de carga, pasaje y turismo, afirma que los cobros por derecho de paso son una práctica ilegal que se da en las carreteras de todo el país.

Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador nacional de la alianza, asegura que las prácticas de extorsión y abuso de autoridad vienen desde la extinta Policía Federal, pero se mantienen en la Guardia Nacional.

"Hay elementos de la ex-Policía Federal que permanecen aún en las estaciones, pero ellos ya no salen a carretera; curiosamente la nueva Guardia sí sale y cometen las mismas prácticas. La corrupción no se ha acabado", dice.

"Hay toda una estructura de corrupción en donde ninguna denuncia procede".

La impunidad se profundiza

La ausencia de sanciones en las resoluciones de la Unidad de Asuntos Internos revela un nivel de impunidad alarmante en una institución nueva que fue creada para garantizar la seguridad pública, considera la integrante del Comité de Participación Ciudadana, Vania Pérez Morales.

"Esto habla de una falta de efectividad para resolver las denuncias ciudadanas. No sólo se profundiza la impunidad, también la falta de confianza en una institución que debería tener como principio dar seguridad a la ciudadanía", agrega.

Denuncias

La Unidad de Asuntos Internos de la GN atiende quejas por faltas vinculadas a la corrupción.

8,656 investigaciones son por extorsión, abuso de autoridad, agresiones y otras.

1,303 expedientes concluidos fueron clasificados como improcedentes por falta de pruebas.