Externa preocupación en tema de las reformas en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló su preocupación por el paquete de iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, "las cuales podrían socavar la independencia de la judicatura en México".
A través de un documento, Margaret Satterthwaite expuso que la iniciativa de reforma al Poder Judicial puede socavar la independencia de la judicatura mexicana.
"Con relación al paquete de iniciativas de reforma presentadas el 5 de febrero de 2024 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la Cámara de Diputados, las cuales considero que podrían socavar la independencia de la judicatura mexicana, en particular de las cortes federales de los Estados Unidos Mexicanos ("México") en caso de ser promulgadas sin modificaciones sustanciales", aseguró la relatora.
Señaló que las propuestas incluyen medidas que podrían, entre otros aspectos, disponer la elección popular de todos los jueces y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), sin contar con procedimientos para regular las actuaciones durante la campaña
"La elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas", dijo la relatora especial.
Agregó que las dinámicas suponen riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad.
Satterthwaite destacó que la remoción anticipada de todos los jueces en funciones, una vez que los nuevos sean electos, sería una clara violación de la permanencia en el cargo judicial.
Ante la imposición de una prohibición de trabajar durante los dos años siguientes a su remoción, dijo, también atenta contra sus derechos laborales y el derecho a recibir una pensión.