Exigen castigar intervención de criminales en elecciones

Ciudad de México / El Universal El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, insistió en su propuesta de reforma por la que planteó la pérdida de registro de partidos políticos y disoluciones de municipios, cuando se compruebe la injerencia de asociaciones delictivas. El líder tricolor señaló que “de no hacer nada, el narco se quedará pronto con el poder político en diversas zonas del país”.

La iniciativa también plantea que los delitos contra candidatos no prescriban, en particular el homicidio, y suspender la campaña cuando esto suceda. “Impulsa otorgar herramientas legales al INE para prevenir y castigar la intervención del narcotráfico en los comicios”, señala el proyecto.

El documento plantea además la suspensión de procesos electorales por motivo de homicidio de algún candidato, la imprescriptibilidad de delitos relacionados con este tipo de intervención, y establecer una pena privativa de libertad de 15 a 30 años, a quien, por omisión o acción, permita la participación del crimen organizado.

De cara a las jornadas comiciales que se “desarrollarán en nuestro país y frente a la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, se propone investigar de donde viene el financiamiento de las campañas, además de dar herramientas al Instituto Nacional Electoral (INE) y blindar los comicios, para castigar a quien intente la intervención del narcotráfico”, puntualiza la iniciativa.

Moreira Valdez planteó la creación de dos figuras adscritas al órgano electoral, las cuales tendrán la misión de proteger los procesos electorales en todas sus etapas y asegurar el voto libre sin la injerencia de grupos delincuenciales.

Se trata de la creación del Comisionado Electoral, como integrante del INE, para ordenar medidas de vigilancia preventiva y de protección para candidatas y candidatos a elección popular, así como a sus familias; elaborar protocolos de actuación en coordinación con la federación, las entidades federativas y los municipios, en materia de investigación y persecución de la posible filtración del crimen organizado en procesos electorales.

Además, se propone la creación del Observatorio Electoral, figura que investigará lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de indicios de injerencia del crimen.

Además de regular la propaganda y la disposición de los partidos como instituciones públicas para enfrentar la presencia del crimen organizado en los procesos electorales. Los partidos se deben pronunciar contra el narcotráfico, tanto en las campañas como en sus documentos básicos.

A los candidatos se les debe prohibir hacer apología del crimen. En el documento, estipula que la Cámara de Diputados sea quien nombre al Comisionado Electoral.