Documentan 100 muertes de niñas y mujeres

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Montaña de Guerrero la situación de las mujeres indígenas es deplorable por el racismo acentuado que persiste en las autoridades encargadas de investigar los delitos y de velar por sus derechos. "Hemos documentado 100 muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes desde el 2004 a octubre de 2021 en los municipios de Tlapa, Ayutla de los Libres, Metlatonoc, Cochoapa el Grande, Alcozauca, Xalpatlahuac, Tlacoapa, Copanatoyac, Malinaltepec, Acatepec, San Luis Acatlán y Olinalá", destacó el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. En Tlapa y en Ayutla de los Libres, cuentan con alerta por violencia de género desde junio del 2017. Del mes de septiembre de 2020 al mes de octubre del 2021, registramos 26 feminicidios, en los municipios de Ayutla de los Libres, Acatepec, San Luis Acatlán, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Tlapa. Del total de casos de feminicidios registrados sólo el 20 por ciento se ha procesado a los responsables y son muy contados los casos donde se han obtenido sentencias condenatorias. En su mayoría son deficientes los procesos penales, a causa de la indolencia y complicidad del órgano investigador que deja la puerta abierta para que los responsables puedan obtener su libertad. En cuanto a los casos de desaparición forzada de mujeres la situación es sumamente crítica. Por parte de las autoridades competentes las investigaciones no prosperan, ni se implementan las búsquedas con el pretexto de la pandemia. El trato que reciben las víctimas es despótico, con mucho desprecio, sin tomar en cuenta el contexto de violencia que enfrentan ni el temor que las inmoviliza y silencia. Además, se les pone en riesgo al filtrar la información de sus casos a los medios locales. Hay mucho descuido en los operadores de justicia porque no realizan las inspecciones de manera correcta, ni se asegura la escena del crimen. No se analizan los teléfonos de las víctimas para verificar algún dato que dé con los responsables. Carecen de peritos traductores para apoyar a las mujeres indígenas que son víctimas de la violencia. Son fallas estructurales que benefician a los perpetradores y reproducen el ciclo perverso de la violencia. En los casos de violencia doméstica no se oye ni se cree en la palabra de las mujeres. Los ministerios públicos, lejos de avanzar en las denuncias interpuestas por las mujeres, se obstinan en abrir carpetas de investigación contra ellas, cuando hay dinero de por medio. El caso de una menor originaria de Tlaquilzingo, municipio de Tlapa, es ilustrativo: fue objeto de violación sexual, por su parte las autoridades comunitarias actuaron con presteza para detener en flagrancia al agresor. Sin embargo, el acusado interpuso una denuncia por privación ilegal de la libertad, que se ha revertido contra las autoridades de la comunidad y la madre de la menor, que enfrentan un proceso judicial. Lo mismo ocurre con la joven indígena Angélica de la comunidad Yucunduta, municipio de Metlatónoc. Ella fue víctima de violencia doméstica por parte del esposo. Esta denuncia le trajo consecuencias porque los suegros la acusaron de robo y otros delitos. En lugar de que las investigaciones favorezcan a Angélica, está a punto de ser judicializada la carpeta de investigación por el delito de robo. En el 2020 a la fecha registramos 6 casos donde las mujeres que son víctimas de violencia, se encuentran procesadas y criminalizadas por sus mismos agresores. Tanto los ministerios públicos como los jueces y magistrados se han coludido con los perpetradores agilizando las investigaciones contra las mujeres agraviadas. Las autoridades no implementan acciones efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres, todo se circunscribe al ámbito mediático, sin tomar en cuenta la opinión de las mujeres, el contexto comunitario, su cultura y su lengua. Nunca parten de la base comunitaria, más bien la excluyen y sólo se reducen a realizar eventos para la clase política sin que obligue a las autoridades de los tres niveles de gobierno a trabajar dentro de las mismas comunidades, acompañando a las mujeres que enfrentan la violencia machista. Las dos Alertas de violencia de género, (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado) han sido letra muerta para las autoridades del estado. En la Alerta de violencia feminicida, solo 10 medidas pudieron ser dictaminadas, de las 21 que se acordaron. Lo más grave es que no hubo avances en las medidas de justicia y reparación. Por otra parte, a 18 meses de la segunda declaratoria, los tres poderes del estado de Guerrero, han incumplido con las medidas dictaminadas, de acuerdo con información del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. En el marco del día internacional de la violencia contra las mujeres, exigimos: Que pare la violencia feminicida en Guerrero. Que se detenga y castigue a los perpetradores de mujeres indígenas. Que se realicen investigaciones diligentes, exhaustivas y prontas para castigar a los responsables de la violencia contra las mujeres.