Denuncian sobrevivientes de incendio violaciones a DH

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- Sobrevivientes del incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez , junto a sus familiares y organizaciones de la sociedad civil, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las consecuencias de la política migratoria mexicana, las violaciones a derechos que viven las personas migrantes con necesidades de protección internacional, durante su detención en estaciones migratorias, el papel del Instituto Nacional de Migración (INM), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que impiden el acceso a la justicia para estas poblaciones, en un contexto de políticas migratorias de contención, criminalización de la migración y externalización de las fronteras.
Brayan, uno de los sobrevivientes en la estancia migratoria, recalcó que "la estancia migratoria de Ciudad Juárez parecía una cárcel, era sucia, no nos daban agua a menos que pagáramos 500 pesos, no había ventilación, las puertas y las ventanas estaban cerradas.
"Estábamos en un lugar muy encerrado, y un lunes la vida de muchos se iba a terminar y para otros quedamos con lesiones de por vida. Tengo compañeros que les amputaron su mano y con lesiones neurológicas.
"A mí me cuesta respirar, no puedo dormir, tengo marcas en el cuerpo que me recordaran toda la vida ese día. Veías el lugar en llamas y poco a poco el humo nos cubría, corrías de un lugar a otro, era una desesperación, gritabas para que nos abrieran la puerta, se hicieron de la vista gorda y no nos dejaron salir", señaló.
Mediante el testimonio de uno de los sobrevivientes del incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, y la de una familiar, evidenciaron el acceso a la justicia del Estado mexicano, al reflejar las violaciones a derechos y al marco jurídico de los diferentes niveles de gobierno.
Además que acompañaron diez organizaciones de la sociedad civil, quienes recalcaron que "la detención migratoria en México sigue siendo arbitraria, inconstitucional, prolongada, indigna, violatoria de estándares internacionales de derechos humanos, el ejercicio de contención migratoria en México se ha intensificado a cualquier costo, incluida la muerte y detrimento de la salud de las personas, en respuesta a los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México que provoca una política migratoria que los está matando".
Asimismo, las organizaciones destacaron cinco puntos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son: abrir un espacio de interlocución y articulación entre el Estado mexicano y las organizaciones para impulsar la creación de una comisión especial para la investigación de casos de graves violaciones a derechos humanos contra la población migrante, con enfoque multidisciplinario y transnacional.
La segunda recomendación es realizar una visita a México para verificar la situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas migrantes derivadas de las políticas migratorias implementadas y de la militarización del control migratorio, y elaborar un informe especial.
El tercer punto consiste en insistir al Estado mexicano, en la eliminación de la detención migratoria, crear alternativas a la detención, y expandir las vías de regularización migratoria para las personas que deseen quedarse en el país.
Además de aconsejar al Estado mexicano la creación de una mesa de trabajo permanente con las organizaciones civiles para generar propuestas de política pública que den respuesta inmediata a la situación de violencia e inseguridad a la que son expuestas las personas en movilidad durante su tránsito y estadía en México. La política migratoria no puede seguir siendo unilateral y eliminar las facultades de control migratorio a cuerpos militares, como la Guardia Nacional.
Al finalizar la audiencia, los comisionados de la CIDH enfatizaron la urgencia de tomar medidas regionales para prevenir casos como Ciudad Juárez en México. Además, se comprometieron a realizar una visita a México e instalar una comisión especial para investigar graves violaciones a derechos humanos, hacia la población migrante.