Defensa de Emilio Lozoya pide a UIF responder a solicitud

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- En relación con las afirmaciones formuladas el día de hoy por el Señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador —en el marco de su conferencia matutina—, acerca de los sobornos que fueron entregados a legisladores del bloque conservador para aprobar la reforma constitucional en materia energética, la defensa de Emilio Lozoya Austin coincidió con el mandatario en el sentido de que —como él lo indicó—, "ello está probado, tal y como se desprende de la carpeta de investigación correspondiente".

Al respecto, los abogados destacaron que lo señalado por el Titular del Ejecutivo Federal, se desprende de la denuncia —sólida y eficaz— presentada por Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República, en el marco de un criterio de oportunidad.

Por ello, la defensa de Emilio Lozoya solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emita respuesta, pronta y oportuna, a la solicitud formulada días atrás para sostener una reunión de cara a redactar los acuerdos correspondientes y se repare —íntegramente— el daño solicitado por las autoridades.

La firma de los acuerdos permitirá que Lozoya Austin continúe colaborando con las instituciones del Estado mexicano y que las personas responsables de los hechos respondan ante el sistema de justicia, según los abogados del exdirector de Pemex.

Por otra parte, Lozoya interpuso un recurso de queja luego de que un juez federal desechó la demanda de amparo que interpuso para reclamar la calidad de víctimas u ofendidos de Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el caso Odebrecht.

El expediente fue turnado por Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, para sus análisis y resolución.

A finales de marzo, la defensa de Lozoya Austin, encabezada por los abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas, interpuso un juicio de amparo contra la falta de personalidad jurídica de Pemex y de la UIF por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.