Clasifica SFP como confidenciales denuncias contra AMLO

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno ha considerado como "confidenciales" las denuncias, quejas o procedimientos administrativos en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y varios de los miembros de su gabinete por posibles actos de corrupción.

La decisión, que responde a una solicitud de información hecha bajo la Ley de Transparencia, argumentó que divulgar la existencia o inexistencia de tales denuncias podría afectar el honor, prestigio y buen nombre de los implicados.

El 28 de noviembre, solicitó conocer cuántas denuncias o quejas habían sido presentadas contra el expresidente y los extitulares de diversas dependencias, como la Secretaría de la Función Pública (SFP), Defensa Nacional, Marina, Seguridad y otros, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2024.  La Secretaría respondió que, tras realizar una exhaustiva búsqueda en sus registros, se aplicó el criterio de confidencialidad según el cual, cualquier información que pudiera poner en entredicho la dignidad y capacidad profesional de una persona servidora pública no debe ser divulgada.

La respuesta de la Secretaría hace referencia a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014, la cual establece que el principio de "presunción de inocencia" debe garantizarse a toda persona involucrada en procedimientos administrativos, especialmente cuando el resultado pueda afectar su carrera profesional. Los procedimientos administrativos contra AMLO permanecerá confidencial hasta 2029.

El criterio de confidencialidad aplica incluso cuando no se han encontrado sanciones firmes contra los funcionarios públicos mencionados. El argumento es que hacer pública la existencia o ausencia de las denuncias podría perjudicar la reputación de los involucrados, dado que podría interpretarse como un cuestionamiento a su honorabilidad. 

En este sentido, la dependencia liderada por Raquel Buenrostro sostuvo que la difusión de esta información "causaría un serio perjuicio" al derecho de presunción de inocencia, lo que justificaría mantener la información clasificada.