Buscan proteger a jueces con 844 mdp

CIUDAD DE MÉXICO/EL UNIVERSAL.- Tras negarse a informar el número de jueces y magistrados amenazados en el país —a fin de salvaguardar su integridad—, el Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitó a la Cámara de Diputados una ampliación en la partida contemplada en el presupuesto 2022 para garantizar medidas de protección inmediatas a los juzgadores. En total, el PJF estima destinar, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 844 millones de pesos en 2022 (18 millones más que en 2021) para brindar medidas de protección a jueces y magistrados amenazados, del total de 76 mil 723 millones 20 mil 424 pesos que solicitó a los diputados para el próximo año. En el proyecto del PEF 2022, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destacó que, para blindar a los juzgadores de las amenazas del crimen organizado, modificó los procesos de asignación de medidas de protección. "El Poder Judicial de la Federación mantiene como prioridad garantizar la protección y seguridad de juezas, jueces, magistradas y magistrados, de modo que la impartición de justicia quede blindada ante los embates de la delincuencia organizada y de quienes pretenden afectarla mediante actos de corrupción", señala el documento. "Ello ha conllevado la mejora de sus procedimientos de asignación de medidas de protección y seguridad para las personas juzgadoras, para evitar que los procesos administrativos obstaculicen esa acción prioritaria y así lograr menores tiempos de respuesta y determinaciones que auténticamente atiendan a cada tipo de riesgo", agrega. Además del incremento presupuestal para proteger a los juzgadores, el PJF ha decidido mantener en secreto la cifra sobre jueces y magistrados amenazados. En conferencia de prensa del pasado 8 de septiembre, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, fue cuestionado sobre este dato, pero rechazó darlo a conocer al considerar que aumentarían los riesgos. "Por razones de seguridad, nunca daré públicamente ningún comentario ni dato sobre la seguridad de los jueces, ni siquiera cifras", comentó. "La seguridad de las juezas, los jueces, de las magistradas y de los magistrados está por encima de cualquier otra cuestión y es mi deber cuidarlos y cuidarlas. Si damos cifras, si damos datos, si decimos en qué consiste la seguridad los hacemos vulnerables", aseguró el magistrado. Esto, a pesar de que en su primer informe de labores Zaldívar indicó que al cierre de 2019 en total 303 juzgadores solicitaron medidas de seguridad, de las cuales fueron asignadas 42. En total, ese año 91 jueces y magistrados contaban con vehículos blindados; 89, con escoltas, y 89, con chalecos antibalas. En enero de 2020, el CJF informó que se coordina con instituciones de seguridad federal para garantizar la protección a los jueces y magistrados que han recibido amenazas. Para febrero siguiente, el consejo rechazó vía transparencia actualizar la cifra de juzgadores amenazados alegando razones de seguridad y reservó la información durante cinco años. En junio de ese año, un comando armado entró al domicilio del juez Uriel Villegas y lo mató a él y a su esposa, Verónica Barajas, en la ciudad de Colima. El juez, que conocía asuntos relacionados con el narcotráfico, fue amenazado indirectamente en abril de 2018. Se le implementaron medidas de seguridad, pero en febrero de 2019 renunció a ellas porque, dijo, se sentía fuera de riesgo. En el informe de labores de 2020, el CJF eliminó los datos estadísticos sobre las medidas de seguridad implementadas a jueces y magistrados amenazados. En una consulta de los registros del PJF, se pudo constatar que, de los 826 millones de pesos que se destinaron para el rubro de seguridad de jueces y magistrados, el CJF contrató la compra de hasta 140 playeras antibalas. Por estos productos, según el contrato adjudicado de manera directa con fecha 30 de septiembre de 2020, el CJF destinó un presupuesto de un millón 271 mil 70 pesos a pagar a la empresa Blindajes Urbanos, S. A de C. V. Las medidas de seguridad y protección no sólo se implementan a juzgadores que han sido amenazados, también a aquellos que por razón de los asuntos que conocen, principalmente relacionados con el narcotráfico, el consejo determina asignarlas. A pesar de los incrementos en el presupuesto para 2022, el Poder Judicial de la Federación estableció en el proyecto que el próximo año implementará más medidas de austeridad para concluir proyectos, como la instalación de la segunda etapa de los tribunales laborales, los nuevos centros de justicia penal y la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.