Avalan en el Senado, con modificaciones, la ley contra la extorsión

El pleno del Senado aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular, así como lo regresó a San Lázaro, el dictamen que expide la minuta de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el fin de que la colegisladora se allane a los cambios y ratifique la legislación.

La ley aprobada por unanimidad de 110 votos a favor establece que la extorsión se perseguirá de oficio y se define como la acción de obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un perjuicio patrimonial, moral, físico o sicológico.

Durante la sesión vespertina, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, devolvió el dictamen a la Cámara de Diputados con cerca de 40 modificaciones que se le realizaron a la iniciativa presidencial, entre las que destacan el endurecimiento de penas y la creación de unidades, policías y ministerios públicos especializados.

La nueva ley busca fortalecer el marco jurídico para combatir la extorsión, estableciendo con claridad la definición del delito, las penas aplicables y las circunstancias agravantes, así como los delitos vinculados y las medidas de protección a víctimas y testigos.

Se establece una pena base que contempla de 15 a 25 años de prisión y multa equivalente de 300 hasta 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA).

También de cuatro a ocho años adicionales cuando se busque un beneficio continuo, se afecte a personas que realicen actividades comerciales, se imponga el precio de productos o servicios, se utilicen terceros sin conocimiento, se involucre a dependencias públicas, sindicatos o asociaciones, o se exija dinero por un supuesto riesgo.

Además, de cinco a 12 años adicionales si el delito se comete contra migrantes, menores de edad, mujeres embarazadas o adultos mayores, si existe relación de confianza, laboral o familiar, si se emplea información privada, medios electrónicos, se simula la privación de la libertad de alguien o se realizan actos ilícitos para lograr el objetivo.

La nueva ley, una vez avalada en San Lázaro, establece de siete a 17 años adicionales cuando se emplee violencia física, armas o se pretenda impedir denuncias, si el sujeto se hace pasar por miembro de un grupo delictivo o servidor público, se afecta la economía de comunidades, se involucra a menores de edad o se ataca a servidores públicos, entre otros casos.

En tribuna, la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, respaldó a nombre de esa bancada la reforma.