Ampliarán tipos penales contra el abuso infantil

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el aumento de casos de abuso sexual infantil en México, que ocurren lo mismo en el interior de las familias, en escuelas (sobre todo en jardines de niños), así como en redes de trata dedicadas a la explotación sexual de menores y que operan en el país, el Senado prevé aprobar en este periodo de sesiones una reforma para reestructurar el tipo penal y evitar así lagunas legales e impunidad.

La reforma plantea reestructurar el tipo penal de abuso sexual en contra de niños y adolescentes, estableciendo que éste lo cometerá la persona que, sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en una persona menor de edad un acto sexual o la obligue a observarlo, aun con su consentimiento.

Se entenderá también por acto sexual los tocamientos o manoseos corporales obscenos o lascivos que se caracterizan por un contenido erótico o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. Además, la edad de las víctimas se eleva a los 18 años y no a los 15, como establece actualmente la ley, para proteger a adolescentes y jóvenes.

En entrevista la senadora Antonia Cárdenas, impulsora de la reforma, dijo que hay consenso en la Cámara Alta para aprobar la reforma e incluso endurecer aún más las penas cuando se trate de maestros, directivos de escuelas y funcionarios que cometan este tipo de delitos que se han incrementado en los ámbitos escolar y familiar.

"Se busca cerrar el paso a la impunidad en los casos de abuso sexual a menores en el país, ello al ampliar la gama de hechos o actitudes que serán considerados como delitos. Queremos que se sancione penalmente cualquier caso o tipo de abuso", indicó.

Aseguró que hay buena respuesta, apertura y consenso de las bancadas para aprobar esta reforma antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones. "El tema es sensible y estamos cabildeando con organizaciones civiles este tema".

Argumentó que se busca cerrar el paso a interpretaciones de ministerios públicos y jueces, que en ocasiones señalan que hubo consentimiento de una adolescente o joven o el menor lo provocó, todo ello cuando son abusados sexualmente, así como proteger a los menores de 18 años.

Cuestionada sobre la investigación y denuncias de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, A.C. (ODI), en las que se han documentado 21 casos en 10 estados que involucran a más de un centenar de menores de cinco años que estudian en jardines de niños, dijo que no se descarta subir las sanciones actuales cuando se trate de funcionarios.

La reforma que analiza el Senado propone mantener la pena de seis a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa.

El informe de ODI publicado por EL UNIVERSAL en mayo de 2021 señala que en la última década en escuelas públicas y privadas de al menos 10 entidades han operado grupos delictivos dedicados a la explotación sexual infantil organizada, en los que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia que han abusado de niños dentro y fuera de los planteles, y los han videograbado con fines pornográficos.

La SEP sólo tiene protocolos que no se aplican y recurre a sanciones administrativas o cambia a los agresores de planteles.

La iniciativa que analiza el Senado para reformar el Código Penal Federal y el Nacional de Procedimientos Penales en Materia de Abusos contra Niñas, Niños y Adolescentes, refiere que comete el delito de abuso sexual infantil la persona que, sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en una persona menor de edad un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo aún con su consentimiento.

Se entiende por acto sexual los tocamientos o manoseos corporales obscenos o lascivos que se caracterizan por un contenido erótico o los que representan actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos.

A quien cometa el delito de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes se le impondrá una pena de seis a 13 años de prisión y hasta 500 días multa.

La iniciativa argumenta que las apreciaciones más conservadoras a 2018 estimaban que el número de niños y adolescentes sometidos a esclavitud sexual era de entre 16 y 20 mil. Otros estudios calculan que la cifra sujeta a explotación sexual en México asciende a 70 mil, de las cuales 50 mil se ubican en zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país.

De acuerdo con la investigación titulada Trata de personas en México, nuevas propuestas de cambios legales, realizada por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, en 2016 en el país alrededor de 70 mil niños eran explotados sexualmente: 50 mil en las zonas fronterizas y 20 mil más en el resto del país.

Es preciso señalar que en México cuatro de cada 10 delitos sexuales se cometen contra menores de edad. Cada año se comenten al menos 600 mil delitos sexuales.

De acuerdo con el Informe Trata de personas en México. Una mirada desde las organizaciones de la sociedad civil, elaborado por Hispanics in Phílanthropy, se advierte que en la región norte de México se encuentran focos rojos para la trata en las distintas entidades.

"En el sur del país las organizaciones de la sociedad civil refieren que la presencia del Ejército en algunas zonas como Chiapas, Guerrero y Tabasco ha complicado atender la situación de la explotación sexual. Si bien el trabajo sexual también existe, es poco claro hacer la distinción entre uno y otro, persistiendo una gran confusión al respecto", refirió la senadora por Morena.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, afirmó que la reforma que se analiza en el Senado "es interesante, muestra avances en torno a la edad, ya que no está limitada a los menores de 15 años, sino a los de 18 años".

"Esto va a chocar con el existente y retrógrado estupro, que es la puerta de escape de pederastas para decir que las adolescentes tuvieron sexo consensuado", subrayó.

Sin embargo, dijo tener dudas en el tema de agregar en el tipo penal la descripción de algunas formas de abuso, porque contrario a lo esperado puede ser una limitación para la persecución del delito.