Alertan que reforma del PJ está plagada de fallas

La reciente reforma al Poder Judicial, aprobada por el Congreso de la Unión, ha generado una fuerte preocupación entre jueces, magistrados y expertos en derecho, quienes advirtieron sobre las inconsistencias que ponen en riesgo la imparcialidad y eficiencia del sistema judicial. 

Según un grupo de jueces, se identificaron al menos una treintena de problemas en la reforma, que podría abrir la puerta a injerencias de poderes fácticos, incluidos los políticos, económicos y hasta el crimen organizado.

Uno de los puntos más críticos de la reforma es la elección popular de jueces y magistrados, que según los expertos, compromete la independencia del poder judicial. 

La magistrada Julia García González, del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa, aseguró que este modelo podría permitir que el poder político imponga a quienes ejercerán la judicatura, favoreciendo la elección de candidatos sin la formación técnica necesaria. 

"Estos comités de evaluación no van a tener la capacidad de elegir de forma imparcial", señaló.

Además, los críticos de la reforma destacaron el alto costo que conlleva el proceso electoral para elegir a los jueces, que en el caso de la Ciudad de México, podría involucrar la elección de 300 personas, con un total de 1,800 candidatos para votar. 

García González subrayó que este gasto es excesivo, considerando las graves necesidades del país, y cuestionó cómo los ciudadanos podrían tomar decisiones informadas sobre 1.800 perfiles de candidatos desconocidos.

Otro aspecto preocupante de la reforma es la propuesta de crear un Tribunal de Disciplina Judicial, que podría sancionar a los jueces por emitir sentencias contrarias al "interés público". 

La magistrada García González advirtió que esto podría derivar en una "Santa Inquisición", donde las decisiones judiciales estarían subordinadas a los intereses del gobierno y de los grupos políticos, económicos y criminales que podrían influir en las elecciones de los jueces.

Por su parte, la jueza Martha Magaña López, quien ha sido clave en la lucha contra la reforma, resaltó la falta de coherencia en los criterios de selección de los candidatos, ya que cada poder aplica diferentes requisitos para elegir a los postulantes. "Esto genera un número dispar de candidatos, muchos de los cuales no cumplen con los estándares técnicos necesarios para ejercer como jueces", señaló Magaña.

La reforma también ha sido criticada por la inseguridad jurídica que podría generar. Según Francisco Burgoa, profesor en Derecho Constitucional, la propuesta abre la puerta a la intervención de actores externos, incluidos poderes ilegales como el crimen organizado, en la elección de los jueces. 

Burgoa también advirtió que la reforma incumple la Constitución al permitir el financiamiento privado para las campañas electorales de los candidatos judiciales, lo que pone en riesgo la transparencia y equidad del proceso.

Finalmente, los especialistas coincidieron en que esta reforma podría ser una "revancha" política, ya que no existen pruebas claras de corrupción en el Poder Judicial que justifiquen estos cambios. 

La reforma, aseguran, podría terminar afectando a los ciudadanos, al permitir la imposición de jueces sin la preparación técnica necesaria y al vulnerar la autonomía e independencia judicial, pilares fundamentales para garantizar una justicia imparcial y de calidad.