Alertan que hay poco castigo a la corrupción

Redacción.-   Pese al auge del enfoque punitivo y la aprobación de reformas drásticas como la prisión preventiva oficiosa, la realidad es que en México la corrupción se castiga poco, tanto administrativa como penalmente, por la falta de presupuesto y por la integración incompleta de órganos de fiscalización, reveló una investigación de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

El estudio elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro señala que, aunque entre 2014 y 2020 se abrieron más de 140 mil averiguaciones y carpetas de investigación por el Ministerio Público federal, para 2021 en los centros penitenciarios había sólo mil 465 personas presas por corrupción. Número mucho menor a otros delitos, como el robo, que en ese año sumó más de 125 mil personas presas; el homicidio, por el que estaban recluidas más de 51 mil, o el secuestro, con 37 mil.

El documento titulado ¿Cómo se castiga la corrupción en México? Los resultados del combate a la corrupción a la luz de las sanciones administrativas y penales aplicados a los servidores públicos 2013-2021, reveló que en 2021 ingresaron a las cárceles del país 860 personas acusadas por delitos de corrupción; 55% menos que el año anterior, cuando fueron recluidas mil 942 personas procesadas.

En lo administrativo las sanciones por faltas graves descendieron y entre 2016 y 2020, las destituciones de servidores públicos federales cayeron 71%, mientras que las inhabilitaciones 68%, agregó el reporte.

El análisis señala que las deficiencias en la integración y trabajos realizados por el SNA se arrastran desde 2015, sin embargo se mantienen igual o se ha agudizado en 2023.

"Hay que decir que la falta de nombramientos no es un fenómeno exclusivo de este gobierno, como es el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), creado por la reforma anticorrupción de 2015.

Este tribunal ha estado incompleto desde entonces hasta la fecha", indica.

El análisis refiere que las instituciones fiscalizadoras han sufrido recortes presupuestales y "un hecho que podría explicar la disminución de las auditorías realizadas a nivel federal y, por tanto, de la identificación y sanción de actos de corrupción, es el recorte presupuestal que ha sufrido la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el marco de las medidas de austeridad implementadas durante la presente administración".