Advierte A.I. riesgos tras aprobación de la Ley de la GN

Amnistía Internacional (AI) aseguró que con las recientes reformas a la Guardia Nacional (GN) que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, se corre el riesgo de que controle el rumbo del país.

Llamó al Congreso de la Unión a no aprobar esta reforma y analizarla a la luz de los derechos humanos.

Sostuvo que en caso de delitos, la GN podrá tener contacto con la evidencia antes que el Ministerio Público, lo que aumenta el riesgo de manipulación de pruebas y de encubrimiento de violaciones cometidas por elementos militares, fomentando la impunidad.

Y precisó que esas reformas facultan a la GN para que realice labores de inteligencia en temas de seguridad pública.

Con 349 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, este martes, la Cámara baja aprobó una que, entre otras cosas, permite a elementos de la GN contender por cargos de elección popular.

Tras la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, el proyecto se turnó a los senadores y senadoras para su revisión, posterior aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Expertos en seguridad señalaron que la posibilidad de que la Guardia Nacional realice labores de inteligencia en seguridad pública sin una supervisión adecuada podría poner en riesgo la privacidad y los derechos fundamentales de la ciudadanía. 

Además, alertaron sobre la falta de mecanismos transparentes para evitar abusos de autoridad.

Por su parte, legisladores que apoyan la reforma argumentan que permitir a los miembros de la GN participar en la política es un reconocimiento a su servicio y una forma de integrar su experiencia en la administración pública.

 Aseguran que la reforma contribuirá a fortalecer la seguridad nacional y la gobernabilidad del país, siempre respetando el marco legal vigente.

Algunos sectores políticos han manifestado que esta reforma podría ser un precedente para futuras modificaciones en otras instituciones de seguridad, ampliando aún más la influencia militar en la vida pública. 

Esta posibilidad genera debates sobre el equilibrio entre seguridad y democracia en México.

La sociedad civil y expertos en derechos humanos llaman a un diálogo abierto y transparente para establecer límites claros a la participación de cuerpos militares en funciones políticas, con el fin de preservar la autonomía civil y garantizar el respeto a los derechos ciudadanos.