Acusan a ministro de favorecer a la oposición por el Plan B

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que encabeza María Estela Ríos González, consideró que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, Javier Laynez Potisek, quien propone invalidar la segunda parte del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, nuevamente se contradice al estimar que la dispensa de trámite legislativo da lugar a invalidar las leyes del Congreso de la Unión.

En su proyecto de sentencia el ministro Laynez Potisek pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el Plan B electoral, lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional.

"El ministro Laynez Potisek propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano", dijo la Consejería Jurídica en un comunicado.

Recordó que durante la sesión de 8 de mayo pasado, el ministro Laynez defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario al afirmar:

"No podemos juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión", no obstante, señaló, ahora cambia su criterio sin exponer razón alguna.

El ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de oposición saber qué propuesta se estaba discutiendo.

"La confusión que atribuye el ministro Laynez a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas. Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la Mesa Directiva a cargo del diputado Santiago Creel Miranda, no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión".

Acusó que para favorecer la pretensión de la oposición, el ministro Laynez convierte la decisión de los grupos parlamentarios minoritarios de no participar en el proceso deliberativo durante la aprobación de las reformas a las leyes electorales, en supuestas deficiencias del procedimiento legislativo para invalidar el decreto impugnado.

"En caso de aprobarse el proyecto del ministro instructor, la SCJN se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias, y renunciaría a su papel de revisor constitucional, ya que nuevamente se rehusaría a estudiar el fondo del asunto, lo que implicaría anular la voluntad de la mayoría de la población que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo para transformar el actual régimen electoral en beneficio del pueblo de México", fustigó la Consejería Jurídica del Ejecutivo.