Y asegura PJ mantener el control

El Poder Judicial del Estado aseguró la tarde de ayer mantener el control de la Defensoría Pública de Nuevo León.

Horas después que el gobierno del Estado dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó una suspensión temporal en tanto se resuelve el asunto de fondo; el Consejo de la Judicatura compartió un comunicado en el que aclara que al ser un acto consumado NO surtirá efecto.

A decir del área encabezada por Arturo Salinas; la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el nombramiento del Luis Alberto García Alcántara, como Titular del Instituto de Defensoría Pública, permanece vigente.

Dicho resolutivo estuvo a cargo del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

"Derivado de la Controversia Constitucional 276/2023 promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y que busca interrumpir todos los efectos y consecuencias que derivan del Acuerdo General 8/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León; el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá resolvió dentro del incidente de suspensión que la misma NO surtirá efectos, cuando se trate de actos ya consumados", cita el documento.

"Sin embargo, la suspensión dejará de surtir sus efectos en caso de que con anterioridad a la notificación del presente proveído se hayan consumado los efectos de dicho acuerdo; o bien, si las determinaciones o los procedimientos contenidos en éste se hubieran realizado parcialmente, los efectos de la medida cautelar solo operarán respecto de las partes que no se hubieran ejecutado".

Desde el pasado 14 de abril, el PJ tomó las instalaciones de la Defensoría Pública y nombró a Luis Alberto García Alcántara, como nuevo director.

También se efectuó la aplicación de diversas medidas de protección; así como la designación como depositario judicial e interventor de García Alcántara, derivada de las medidas cautelares otorgadas por el Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado.

"Con esta resolución se mantienen los actos consumados a la fecha hasta en tanto se resuelva en definitiva la Controversia Constitucional 276/2023, que se encuentra aún pendiente de admisión", refiere

"En el Poder Judicial del Estado estamos comprometidos a impartir justicia rápida, eficiente y expedita en beneficio de la sociedad de Nuevo León; y se actuará con apego a derecho y en cumplimiento a las determinaciones que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación".