Respondería Congreso de la misma forma al gobierno estatal

Por mayoría, el pleno del Congreso aprobó un exhorto para que la Dirección Jurídica lleve el análisis para ver la factibilidad de presentar una controversia constitucional o de inconstitucionalidad en contra de los actos y/u omisiones del Poder Ejecutivo, de su titular, así como de la Secretaría de Finanzas y Tesorero General del Estado de Nuevo León.

La petición se extiende para todas las autoridades que sean responsables por la omisión de presentar el proyecto de presupuesto de egresos para el 2023, en los términos de la fracción XIX del artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

La diputada Ana González González aseveró que la petición es para que este recurso legal se lleve a cabo ya sea por el ámbito federal o local

 Se le solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva, para que, en representación legal del Poder Legislativo intervenga en la presentación y tramitación de la o las mismas, hasta su resolución.

 Durante la sesión ordinaria, la legisladora priista precisó que el Ejecutivo incumplió con el plazo constitucional para presentar el proyecto de presupuesto, incluso llegó a manifestar que presentaría el proyecto de presupuesto hasta que se aprobará la Ley de Ingresos.

  “Al existir un acto de autoridad del Poder Ejecutivo que viola normas constitucionales, es procedente promover el mecanismo de control constitucional denominado Controversia Constitucional o de Inconstitucionalidad, dependiendo sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 135 y II del artículo 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como 105 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

 “Asimismo, se señala que conforme al artículo 60, fracción I inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, la presidencia de la Mesa Directiva es quien tiene la representación de este Poder Legislativo en los asuntos de carácter legal, pudiendo delegar dicha representación”, agregó.

González González, aseveró que se constituye un hecho inédito en el proceso presupuestario del Estado, así como una violación clara y evidente a la Constitución.

 “La omisión de presentar el proyecto de presupuesto no sólo quebranta el orden constitucional, sino que tiene efectos negativos profundos sobre la vida de los neoleoneses, ya que al existir un impedimento para discutir el proyecto de gasto público para el 2023, se le priva a la población de destinarse recursos que cubran sus necesidades en materia de servicios públicos municipales como alumbrado y pavimentación, salud, educación, movilidad y seguridad, entre otras”.

“Como representantes populares, debemos respetar y hacer respetar nuestra Constitución, por lo que, ante este escenario, es necesario acudir a Tribunales, a fin de resolver esta problemática a través de los medios de control constitucional. De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con la población neoleonesa de promover en todo momento la certeza y seguridad jurídica de los gobernados”, añadió.

LLEGAN 2 VETOS MÁS

 DEL GOBERNADOR

El Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda consumó el veto número nueve y diez a leyes aprobadas por Congreso Local.

El mandatario estatal se inconformo con la Ley de Victimas y con la Ley de Seguridad en favor de crear un fondo de apoyo a los familiares de policías muertos en el cumplimiento de su labor, por lo que regreso los expedientes a los legisladores con las observaciones correspondientes.

Al ser presentados en asuntos en cartera, el Presidente de la Mesa Directiva remitió ambos expedientes en carácter de urgentes.

Por tal motivo, las dos reformas fueron enviadas a la Comisión de Seguridad y Justicia presidida por el diputado priista Javier Caballero.

“Oficio signado por Samuel García, Gobernador del Estado mediante el cual remite las observaciones al Decreto 269 que contienen las reformas a la Ley de Seguridad Pública para el Estado”.

“Oficio signado por Samuel García, Gobernador del Estado, mediante el cual remite las observaciones al Decreto 270 que contienen las reformas a la Ley de Víctimas del Estado”.

Mientras que en el Palacio de Gobierno no dejaron que diputados entregaran el veto a la Ley de Coordinación hacendaria recién aprobados por los legisladores porque según no había gente porque ya estaban trabajando desde casa.