Reactivan juicio político contra Navarro

El juicio político en contra del Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, fue reactivado este martes por la Comisión Jurisdiccional del Congreso Local.

Esto se da luego de seis meses en que el expediente se mantuvo archivado y a uno en que el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, propuso al funcionario estatal como encargado del despacho.

Durante la mesa de trabajo, los diputados integrantes de esta comisión desecharon una recusación de Navarro en cuanto a que las diputadas del PRI, Perla Villarreal y Jessica Martínez estaban impedidas para conocer del caso al no existir una "enemistad manifiesta" de éstas y el funcionario estatal.

"Las diputadas Perla de los Ángeles Villarreal Valdez y Jessica Elodia Martínez Martínez del Revolucionario Institucional, se encuentran en aptitud para conocer el Juicio Político instaurado en contra del C. Javier Luis Navarro Velasco, en su calidad de Secretario General de Gobierno, del Gobierno del Estado de Nuevo León"

"Se cierra el proceso en materia de incidente de Recusación y Declaración de Impedimento Legal para conocer del Juicio Político promovido por Javier Luis Navarro Velasco, en su calidad de Secretario General de Gobierno, del Gobierno del Estado de Nuevo León y se determina continuar con el proce-dimiento del Juicio Político que se deriva del expediente 16177".

Los legisladores también declararon infundada la petición del Secretario General de Gobierno para sobreseer el juicio en su contra.

En el tercer acuerdo que analizó la comisión se determinó el desechamiento de pruebas ofrecidas por el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco.

Como era de esperarse, las integrantes de la bancada naranja argumentaron que se estaban violando los derechos del funcionario estatal.

Las diputadas Sandra Pámanes Ortiz e Iraís Reyes de la Torre acusaron revanchismo político, que el proce-dimiento era ilegal y que incluso, el asunto tenía ya casi un año y los juicios políticos sólo podían resolverse dentro de un plazo de 6 meses tal y como lo marca la ley.

"Tiene que estar aquí el imputado, no se puede seguir con esto, hay que cancelar, y convocarlo para el desahogo de pruebas con el imputado o su abogado. estamos violando la ley".

En respuesta a la acusación, Lilia Olivares, presidenta de la Comisión dijo que el admitir o desechar pruebas es fa-cultad exclusiva de ese órgano y no tenían por qué citar al imputado o a quienes lo denunciaron.