Presentan controversia contra elección del Fiscal

Por considerarlo ilegal, el gobernador Samuel García Sepúlveda promovió ayer una Controversia Constitucional contra  el proceso de selección del Fiscal General de Justicia en el Estado.

De visita en Ciudad de México, tras participar en la 113 Asamblea del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Palacio Nacional; el mandatario estatal aprovechó para acudir a la Suprema Corte de Justicia.

A través de historias de Instagram, compartió la imagen del recurso legal que presentó momentos antes, y con el que busca tumbar el procedimiento que calificó como “un mugrero”.

“Voy a aprovechar la vuelta, estoy aquí a una cuadra de la Suprema Corte, voy a presentar una Controversia Constitucional como Poder Ejecutivo en contra de todas las ilegalidades, vicios, la falta de paridad, que hubo en el tema de la Fiscalía de Nuevo León, como abogado estoy convencido de que está todo mal hecho”, expuso.

“Todo el proceso del Fiscal está completamente viciado, tiene muchos errores, se brincaron muchas etapas, se brincaron requisitos, hay candidatos que no presentaron su carta de No Antecedentes Penales, su Carta de No Inhabilitación… los pusieron a modo y fueron los que votaron para la lista de cuatro”.

“Yo estoy seguro que vamos a ganar y se va a reponer este mugrero”, puntualizó.

Uno de los principales argumentos de “la demanda entre poderes”, es que los diputados y el Comité de Selección violaron el principio de paridad al solo elegir hombres como los cuatro finalistas.

Lo anterior pese a que entre los 63 aspirantes se encuentran mujeres preparadas que cumplen con los requisitos.

Adrián de la Garza Santos, Pedro José Arce Jardón, Genaro García de la Garza, y Guadalupe Saldaña Vargas, integran la lista final a encabezar la Fiscalía General de Justicia, todos del mismo grupo y relacionados entre sí.

“Hay un argumento todavía más fuerte y es increíble (su violación)… la Constitución federal y local, prevé que en todos los puestos de Gobierno debe haber paridad, paridad de género, y pues el Congreso violó la Constitución federal y la local, la jurisprudencia y me envió cuatro hombres ¿dónde está la paridad?”, criticó.

“Yo como gobernador veto uno, pero se quedan tres hombres”.

“Entonces, de los cuatro Adrianes, aunque quite un Adrián quedan tres masculinos, y eso viola completamente la Constitución”, agregó.

LO SECUNDA COLOSIO

El municipio de Monterrey se metió al polémico tema de la designación del Fiscal General de Justicia al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional.

Lo anterior bajo el argumento que se trata de apoyar a la solicitud de la ciudadanía y consciente de la importancia de la equidad de género y el derecho de las mujeres a participar y ocupar cargos públicos.

El recurso interpuesto ante la SCJN se llevó a cabo desde la semana según la autoridad municipal

El Ayuntamiento Regio se suma de esta forma al llamado de distintos sectores para que se incluya en la normativa local, el tema de paridad de género en la designación de órganos constitucionales autónomos como la Fiscalía General del Estado.

Ante tal situación, el ayuntamiento regio recurrió a la corte para solicitar la suspensión del proceso para designar al Fiscal.

La autoridad de Monterrey argumentó que la demanda presentada el 09 de noviembre, es procedente porque existe un conflicto constitucional, dado que la designación del Fiscal impacta a la seguridad pública del estado y de los municipios.

La suspensión se pidió debido a que la misma Ley establece que el proceso debe congelarse mientras se tramita la controversia.

Se busca que la Suprema Corte invalide el progreso que se lleva en la designación del Fiscal y obligue al Congreso de Nuevo León a legislar el tema de la paridad de género, para que así, el nuevo procedimiento sea igualitario y justo.

 Esta impugnación del Municipio de Monterrey se suma a una serie de amparos promovidos por ciudadanos participantes en el proceso de selección del Fiscal, y organizaciones de la sociedad civil de todo el estado.

Lo anterior ante la falta de equidad en procedimientos políticos y contra la desigualdad de la mujer al momento de acceder a cargos públicos de alto nivel.