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Presenta GLMC iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad
Publicación:10-08-2022
TEMA: #Diputada
Para mejorar el uso de los recursos que ingresan al Estado por conducto de impuestos a los taxis digitales.
Para mejorar el uso de los recursos que ingresan al Estado por conducto de impuestos a los taxis digitales, la bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso Local presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León.
La Diputada Tabita Ortiz Hernández dijo que se trataba de una modificación, al artículo 21, el cual habla de las obligaciones que tiene el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León para agregar varias en tema de transparencia.
Destacó que desde la Administración pasada se hicieron varios estudios, entre los que resaltaba el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Zona Metropolitana de Monterrey.
Por medio de este proyecto se hacía un profundo diagnóstico y emitía una serie de recomendaciones importantes para mejorar la movilidad
“En aquel entonces el PIMUS era un instrumento que marcaba ciertas pautas como lo eran los semáforos inteligentes, las calles completas, aumento de ciclovias, modernización de transporte público entre muchas otras”.
“Sin embargo, todo ese tipo de proyectos requieren un importante flujo de recursos”, comentó.
En ese sentido la Diputada refirió que la Ley de Movilidad actual en su artículo 106,
establece un impuesto del 1.5 por ciento a todos los viajes que se realicen en aplicaciones de taxis digitales.
La misma ley indica que todos esos ingresos deberán usarse exclusivamente para proyectos que mejoren la movilidad.
“Etiquetar fondos es una práctica común para darle mayor certeza a los recursos, en este caso descubrimos un área de oportunidad, puesto que la transparencia de dicho dinero era deficiente”.
“Incluso, se hizo una solicitud de transparencia y no se pudo determinar con certeza en qué se habían usado los ingresos en la Administración anterior”, expresó Ortiz.
Es por eso que la propuesta pretende que además de cumplir con las obligaciones plasmadas en la Ley de Transparencia, el Instituto tendrá la obligación de generar un reporte donde informe los ingresos por concepto de las contribuciones del Artículo 106, en qué proyectos se gastaron y poner la información de fácil acceso a la gente.
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