Otorga SCJN al Estado suspensión por Defensoría

La Defensoría Pública de Nuevo León seguirá en manos del Estado en tanto se resuelve el asunto de fondo.

Tras dos semanas de confronta por su titularidad entre el Ejecutivo y el Poder Judicial; la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó al Gobierno estatal una suspensión temporal.

Con ello, el Ministro Juan Luis González Alcántara acreditó como director a Héctor Viniegra, nombrado la semana anterior por la Junta de Gobierno del organismo.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión para evitar que el Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León (IDPNL) pase a manos del Poder Judicial del Estado", informó la administración estatal.

Sin abordar el fondo del caso, el cual será motivo de estudio, la suspensión establece que la operación del instituto permanecerá como en un inicio.

De tal forma que se respeta su organización, funcionamiento y titular.

"Se solicita que no se ejecute el Acuerdo General Número 8/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León (Poder Judicial), por el que se determina la organización y funcionamiento del Instituto de Defensoría Pública del Estado", cita el documento.

"Así tampoco se ejecute la orden de conclusión del nombramiento del titular del Director de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León, la orden de transferencia de recursos financieros y la orden de la posesión o servicios contratados, dada a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto".

En su controversia constitucional, el gobierno del Estado argumentó que el decreto legislativo por el que se reformó la Constitución local, en el que se fundamenta dicho acuerdo para su emisión, no cumple con los parámetros constitucionales y legales de validez.

Asimismo, acusa una serie de acciones donde los legisladores de las bancadas del PAN y PRI en el Congreso del Estado buscan quitarle facultades al Ejecutivo Estatal por una disputa que comenzó desde el año anterior por la designación del titular de la Fiscalía General del Estado.

El pasado 14 de abril, con apoyó de la Fiscalía General de Justicia; el Tribunal Superior de Justicia tomó las instalaciones de la Defensoría Pública y nombró como director a Luis Alberto García Alcántar.