Emite gobernador veto número 33

El gobernador del Estado emitió el veto número 33 al inconformarse con el Decreto 373 de la recién aprobada Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Durante la sesión en asuntos en cartera, los diputados le dieron entrada a las observaciones realizadas por el ejecutivo estatal al expediente aprobado apenas el pasado 24 de abril del presente año.

Las reformas vetadas establecen que las Contralorías y Órganos Internos de Control de los entes públicos del Estado y Municipios deberán contar con registros de Indemnizaciones por Responsabilidad Patrimonial.

Los registros serán públicos y tendrán por objeto llevar el seguimiento y la inscripción de las resoluciones firmes que determinen responsabilidad patrimonial a cargo del Estado o Municipio.

Así como los convenios derivados de la misma, a fin de que las indemnizaciones se efectúen en orden cronológico, según la fecha y hora de notificación, asignándoseles un número de folio para su control.

Los registros de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial se publicarán en el portal de Internet del ente público del Estado o del Municipio Correspondiente, además de coordinar con la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado para su publicación en un micrositio de dicha institución donde sirva como repositorio centralizado de todos los registros establecidos en el presente artículo.

Todos los registros contendrán, sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en relación con la protección de datos personales, el nombre del beneficiario, la modalidad y en su caso, el monto de la indemnización y los datos del expediente en el que se haya dictado la resolución o convenio respectivo.

Los argumentos que emitió el Gobernador del Estado para vetar la ley es la falta de un estudio de impacto presupuestal de la reforma.

Y que se establezca en el transitorio que, de no publicarse el Decreto en el Periódico Oficial del Estado, entrará en vigor al publicarse en la Gaceta Legislativa, lo que éste considera ilegal.

"En el caso del Decreto 372 no fue solicitada la intervención la Secretaría de Finanzas y Tesorería General Estado, que como se ha señalado previamente, es la dependencia competente para determinar la capacidad financiera del Estado, en relación con Evaluación del Impacto Presupuestario requerida".