Elevan a Instituto la Dirección de Defensoría Pública

Con la inconformidad de los diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano, el Congreso del Estado aprobó por mayoría y en primera vuelta elevar la Dirección de Defensoría Pública del Estado a Instituto.

Este nuevo organismo sería totalmente autónomo y el titular será designado por los diputados locales.

De esta forma, los legisladores le estarían quitando el control de esta dependencia al gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda situación que ocasionó la inconformidad de los integrantes de la bancada naranja.

El primero en levantar la mano en contra del proyecto, fue el coordinador de MC Eduardo Gaona Domínguez al acusar que el PRI y el PAN primero se quedaron con el Tribunal Superior de Justicia, posteriormente han intentado quedarse con la Fiscalía General y ahora con la defensoría, dependencia que ha estado operando bien.

“Es un atentado contra la división de Poderes que ya se ha venido intentando por esta comisión en contra del Ejecutivo y querer que esté subordinado a este Congreso”, manifestó.

El líder de los legisladores de la bancada naranja aseguró que priistas y panistas querían quedarse con esa dependencia para ir instalando a sus militantes una vez que estos perdieron las elecciones y no hayan ahora donde ocupar a los integrantes de sus partidos.

La diputada emecista Iraís Reyes de la Torre argumentó que una vez más las bancadas mayoritarias buscaba con esa reforma seguir golpeando políticamente al Ejecutivo quitándole facultades.

En respuesta, el diputado del PAN, Jesús Gómez Reyes aseguró que MC buscaba imponer abogados en la Defensoría Pública todo con miras a la elección del 2024.

“El Instituto será un organismo constitucional autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Contará con autonomía técnica y de gestión; plena independencia funcional y financiera; capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, de conformidad con lo previsto en la ley”.

“Se establecerá un servicio civil de carrera para las y los defensores públicos, cuyo salario no podrá ser inferior al que corresponda a las y los agentes del Ministerio Público”, señala la reforma.

Al ser sometido el dictamen a votación, este fue aprobado con 27 votos a favor, 10 en contra y dos en abstención.

Por tal motivo, la definición del titular del Instituto corresponderá al Congreso y se realizará cada 6 años o cuando se dé la ausencia definitiva de éste.