Dice Navarro que juicio político en NL no es de manera objetiva

El secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco declaró que el juicio político en Nuevo León no se realiza de forma objetiva e indicó que un ejemplo de ello es el proceso contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Arturo Salinas, cuyo caso fue desechado por el Congreso local, a pesar de que violó la Constitución tras poner en riesgo la autonomía del Poder Judicial del Estado.

Lo anterior fue expuesto durante su participación en el "Conversatorio sobre juicios políticos en Nuevo León" realizado en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, ubicada en Santa Catarina.

Durante el evento, Navarro Velasco enfatizó que Arturo Salinas debió ser removido de su cargo luego de protestar como gobernador interino, sin embargo, todavía ostenta el puesto.

El secretario subrayó que el juicio político es una herramienta efectiva  para los ciudadanos, y no debería emplearse como venganza para obtener el beneficio personal o el de un partido político.

Por su parte, la Dra. Abigail Martínez Morales puntualizó que el juicio político no deber ser utilizado inadecuadamente,  ya que se estaría generando lo mismo que se está tratando de solucionar: no vulnerar las instituciones de derecho y los mecanismos de control constitucional.

Mientras que el Mtro. Olmo Guerrero Martínez pidió no desestimar la figura jurídica sino que se fiscalice en donde se tiene que dar preponderancia, por lo que no debe ser guardada..

Durante el conversatorio, participaron el Colegio de Abogados de Nuevo León, A.C.; Colegio de Abogados Regiomontanos, A.C.; México Justo Capítulo Nuevo León, Colegio de Abogados de Monterrey, A.C; Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Nuevo León.

Además del Colegio Nacional de Abogados Masones, A.C. Delegación Nuevo León; Coordinación Nacional de Abogados de México, A.C.; Colegio Independiente de Abogados del Noreste, A.C; y el Colegio de Jurisprudencia de Nuevo León.

Representantes de estas organizaciones académicas indicaron que existe un interés importante de la comunidad jurídica para que se restaure la coordinación entre los poderes estatales, situación que derivaría en el bienestar social de la ciudadanía.