Afirma Navarro que decreto 340 viola Constitución de NL

Como un intento de asalto, así califico el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco la postura del Congreso Local al querer arrebatarle al Poder Ejecutivo el Instituto de Defensoría Pública.

Aseveró que el Decreto 340, es irrespetuoso e ilegal a tal grado que los congresistas de la oposición pretenden que las leyes y reformas ellos las puedan publicar sin intervención del Gobernador.

El funcionario público manifestó que esto era muy grave y peligroso para el estado de derecho.

Argumento que el Congreso del Estado pretende seguir sacando leyes y reformas violando la Constitución.

Señalo que al igual que el Decreto 341, los legisladores han hecho muchas modificaciones a la ley para arrebatarle al Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda muchas otras instituciones neoleonesas.

Navarro Velasco señaló que el Instituto de Defensoría Pública es una noble institución que, desde su creación en 2009, tiene por objeto brindar defensa jurídica gratuita y de calidad a los neoleoneses.

Señaló que no puede el Instituto estar en manos del poder judicial, pues sería dejarlos ser juez y parte.

El poder judicial podría darle instrucciones indebidas a los defensores públicos en perjuicio de los que defienden.

Señaló que esta penosa acción del Congreso del Estado compromete seriamente la totalidad de litigios y procesos en los que miles de neoleoneses están siendo defendidos por la Defensoría Pública con una separación sana entre poderes.

"Es falso que la queja 212/2023 interpuesta por el Congreso del Estado en contra de la suspensión provisional otorgada al ex-titular del IDP, licenciado Reynaldo Cantú Shay, ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, haya señalado que no es procedente porque el decreto 341 está vigente", argumentó.

De esta manera destacó que queda claro que la designación de funcionarios, como la del Director General del IDP, es facultad exclusiva del Gobernador y de la junta de gobierno del propio instituto compuesto por funcionarios del ejecutivo y del congreso.

Por tal motivo aseguró que el director Héctor Viniegra es el que tiene la facultad de administrar al IDP.

"No dejemos que el poder judicial se adueñe ilegalmente de la facultad de defender a los ciudadanos, pues ellos ponen las sanciones y el instituto defiende a las personas contra esas sanciones" subrayó.